  Presencia-Opinión / Europa
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| El pacto de estabilidad puede ser desestabilizador Por Félix Soria (Canal Mundo, 09/12/2003) |
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Alemania y Francia ya cuentan con el apoyo de la mayoría de países socios para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que permitió poner en marcha la Unión Económica y Monetaria (UEM). La iniciativa de Jacques Chirac y Gerhard Schroeder obedece, en primera instancia, a la necesidad de echar mano a las haciendas para revitalizar la actividad económica, costeando con fondos públicos la construcción de infraestructuras, subvencionando la investigación, y premiando la inversión privada en nuevos proyectos empresariales. Pero el empeño de Berlín y París va más allá, pues el escenario internacional, debido sobre todo a los criterios geopolíticos y a la evolución de la economía estadounidenses, aboca a los países altamente industrializados a disponer de resortes vetados por el PEC. La unión monetaria suscitó lógicas desconfianzas en unos socios (los más equilibrados económicamente) y, a la par, proporcionó a otros (los menos desarrollados) la posibilidad de beneficiarse, siquiera temporalmente, de un escenario favorable para acumular capitales y multiplicar exponencialmente la masa monetaria (el dinero en circulación), que a corto plaza genera una riqueza aparente. Hay socios, como es el caso de España, cuya inflación y masa monetaria empiezan a revelar desmesuras que sólo son soportables gracias a su pertenencia a la zona euro. Sin restar importancia a la función preventiva del pacto, prohibir que el déficit anual supere el 3% del PIB ha condicionado las políticas económicas nacionales. Paradójicamente, en Eurolandia se impuso esa limitación pero todos los dirigentes reconocen que en ocasiones el déficit es inevitable porque hay que afrontar gastos extraordinarios (paliar los efectos de desastres naturales o de guerras, cumplir compromisos político-institucionales como organizar unos juegos olímpicos, o capear desequilibrios financieros, monetarios o geopolíticos sobrevenidos). Además, las cíclicas recesiones del sistema siempre tienen alcance trasfronterizo y ningún país por sí solo puede controlarlas ni combatirlas con éxito. Sea por un encarecimiento desaforado del petróleo (como ocurrió en 1972-73), o porque las tasas de cambio de la divisa utilizada en los intercambios trasnacionales se deprecia o se revaloriza exageradamente (como ocurre ahora con el dólar), o porque las medidas proteccionistas de uno o más actores distorsionan un mercado o un sector fundamental, recurrir al dinero público es en muchas ocasiones inevitable. Faltan a la verdad quienes afirman que los planteamientos de Alemania y Francia obedecen exclusivamente a razones internas. Tampoco es cierto que los desajustes presupuestarios de Alemania y Francia sean fruto de un desmesurado gasto social, pues ese capítulo presupuestario está prácticamente congelada desde hace años en ambos países. No es cierto tampoco que las exportaciones germanas y galas hayan perdido atractivo, sino que sus productos se han encarecido debido a la revalorización del euro y al empobrecimiento de los países en vías de desarrollo, que son sus principales clientes. Así las cosas, la propuesta germano-gala de reformar o posponer las metas del pacto de estabilidad responde a motivos que van más allá de Eurolandia. Mientras, el dólar sigue depreciándose; mejor dicho, Estados Unidos acomoda las tasas de cambio de su divisa a sus intereses geopolíticos y financieros. Los expertos más acreditados –incluidos los del acreditado MIT bostoniano– prevén que antes de finalizar el año 2005 la tasa de cambio del euro se estabilizará en la horquilla 1,30/1,40 dólares. Hacer frente a esa circunstancia exigirá esfuerzos extraordinarios a los países de la UEM. ¿Cómo paliar los efectos negativos de la depreciación de la divisa-patrón? Entre otras medidas, habrá que utilizar los presupuestos. La economía española siempre acusa con retraso ciertos avatares internacionales porque, en términos relativos, exporta menos que el resto de países de la UE (exceptuados Portugal y Grecia) y la factura petrolera que abona es inferior también a la de todos los países de la UE. Por ende, hoy la economía española se está beneficiando de tres factores singulares. Primero, el consumo interior, que pese a ser coyuntural y artificiosamente alto suaviza y retrasa un ajuste que es inevitable; segundo, los fondos de cohesión de la UE permiten acometer proyectos públicos sin generar déficit y, tercero, las privatizaciones realizadas por los gobiernos del PP han permitido que Hacienda ingresara cuantías anormalmente elevadas. Economistas de distintas escuelas (marxianos, keynesianos o ultraliberales) han constatado, por ejemplo, que el Campeonato Mundial de Fútbol de 1998 celebrado en Francia supuso un balón de oxígeno para la economía gala porque relanzó el consumo. Pero ese acelerón no se produjo gracias al dinero que movió el torneo, sino a remolque del optimismo social y económico que generaron el evento y los éxitos del equipo nacional. El optimismo afectó tanto a los aficionados al fútbol como a quienes desprecian ese espectáculo. Dicho de otro modo: el sistema vigente es ora riguroso ora caja de Pandora, por lo que fiar la política económica a dogmas (al pacto de estabilidad, por ejemplo) es peligroso y siempre es contraproducente. Alemania y Francia, donde gobiernan partidos de signo contrario –este detalle es sustancial–, son los países de la UE que mejor o más rápido han comprendido que es desaconsejable recortar el gasto público a costa de poner en peligro la estabilidad social y, con ella, la credibilidad del sistema. Berlín y París se aprestan a reducir prestaciones sociales, cierto, pero ninguno de ambos casos es comparable al español. Las prestaciones sociales (sanidad, pensiones, subsidios familiares, gasto en educación, etcétera) de las que actualmente disfrutan alemanes y franceses son las que tendrán los españoles en el 2023 si el gasto social crece una media anual del 5,5% en los próximos veinte años y, por el contrario, esas partidas presupuestarias quedan congeladas en Alemania y Francia. Este cálculo está realizado con los datos de que dispone la UE, que son los remitidos por la Administración de cada país comunitario. Por tanto, hacer comparaciones entre las políticas socioeconómicas que apliquen o pueden aplicar Berlín, París y Madrid es, cuando menos, absurdo. Con o sin el beneplácito del Gobierno español, la práctica totalidad de los países comunitarios aprobarán la revisión del pacto de estabilidad. De hecho, hoy por hoy la aplicación del PEC ya está parcialmente en suspenso. Casi todos los dirigentes institucionales y privados han reconocido que es posible aplicar una sola política monetaria flexibilizando el pacto de estabilidad en sus aspectos más políticos. Porque lo que tampoco casi nadie duda es que imponer un límite del 3% a los déficit presupuestarios es una medida esencialmente política, que no económica. La praxis y el acervo económicos de Europa occidental funcionan más bien que mal desde 1946 porque, entre otras cosas, los parlamentos y los gobiernos han aplicado a machamartillo el criterio de que el Estado debe conducir, regular, auxiliar y proteger la estabilidad socioeconómica, ¡que constituye el pilar en el que descansa la estabilidad política e institucional! La generalidad de los ciudadanos comunitarios, sobre todo los de Centroeuropa, las islas británicas y Escandinavia, jamás aceptará impasible que las arcas públicas estén saneadas a costa de un grave deterioro de la calidad de vida, incluida la capacidad de consumo. |
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Félix Soria é colaborador do IGADI. |
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ÚLTIMA REVISIÓN: 12/12/2003 |
