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Francia regionaliza las dimensiones de la UE
Por Félix Soria (Canal Mundo, 18/02/2003)
 
 

El actual Gobierno francés, cuya mayoría en la Asamblea Nacional de la República está formada por un variopinto conglomerado de formaciones centristas y derechistas, ha puesto en marcha una reforma electoral de notable alcance que incluye la regionalización de las circunscripciones en los comicios al Parlamento de la Unión Europea (UE). La reforma ha suscitado una agria polémica entre el gobierno y la oposición por causa de los porcentajes y de otras cuestiones, todas más técnicas que políticas, pero en lo tocante a la creación de circunscripciones regionales para las elecciones comunitarias ningún estamento y dirigente político, social o económico –exceptuados los próximos al filo-nazi Front National- ha cuestionado ese aspecto de la propuesta gubernamental.

La mayoritaria aceptación de esa reforma es, si cabe, más significativa si se tienen en cuenta dos factores. En primer lugar es obligado resaltar que la Administración francesa es rabiosamente centralista y que, por ende, lo es como consecuencia de la arraigada identificación de la inmensa mayoría de los franceses con la idea de nación-estado. Social, cultural y políticamente Francia es un bloque, sin menoscabo de los sentimientos y de las opciones políticas de corte nacionalista existentes en Bretaña, en Córcega y en las tres provincias galas de Vasconia. No obstante, de esos tres movimientos nacionalistas el único que posee considerable arraigo social es el corso.

En segundo lugar, la proyectada reforma francesa es doblemente valiosa –desde el punto de vista de los partidarios de revitalizar el pulso político del europeísmo- porque es el primer país socio de la UE que se pone manos a la obra para arbitrar instrumentos que favorezcan el acercamiento de los ciudadanos a las instituciones de Bruselas. En las capitales de los Quince se habla mucho de potenciar el europeísmo, pero en escasas ocasiones se pasa de las palabras a los hechos.

El Tratado de la Unión teoriza que las regiones (incluidas las naciones sin Estado) de la UE conforman una dimensión humana, territorial y económica que exige tratamiento específico. Sin embargo, el Comité de las Regiones (CDR) es un órgano estrictamente consultivo y la UE sólo ha prestado atención cierta a las regiones en asuntos presupuestarios, creando la llamada Política de Cohesión (cuyos instrumentos son el Fondo de Cohesión y los Fondos Estructurales), en un intento de reducir los desequilibrios Inter.-territoriales de los Quince. No obstante, tal como revelan las directivas y reglamentos que rigen las ayudas comunitarias, esa preocupación presupuestaria por las regiones obedece a criterios específicamente económicos y, casi siempre, sin prestar atención a las cuestiones culturales y sociales.

En ese escenario político-institucional, en el que los territorios de la UE que poseen contratada singularidad carecen de voz y voto, la iniciativa francesa es un aldabonazo. Máxime si se tiene presente la fama y la lana que la República Francesa tiene ganadas como Estado centralista.

Al margen del vivo debate que mantienen la derecha y la izquierda francesas sobre aspectos técnico-jurídicos de la reforma electoral que auspicia el primer ministro Jean Pierre Raffarin, la desaparición de la circunscripción única para los comicios europeos es aceptada por casi todos los actores y sólo tiene abiertas tres interrogantes. Primera, ¿qué ámbitos territoriales son los más adecuadas para cada circunscripción, que en principio serán ocho?; segunda, ¿cómo repartir los escaños que corresponden a Francia en la Eurocámara?; y tercera, ¿cómo anclar en la actividad institucional francesa la actividad de los elegidos en cada uno de esos ocho territorios?

En principio, la división que propone el Gobierno ha suscitado controversias. Era inevitable. Motivos no faltan. A modo de ejemplo cabe mencionar que en el borrador gubernamental la costa de la región del Languedoc Rosellón forma parte de la circunscripción Suroeste, junto a la atlántica Aquitania, quedando partida en dos la Francia mediterránea, pues la región de las Bocas del Ródano, con capital en Marsella, forma circunscripción con los departamentos situados al norte, junto a los Alpes franceses. Por causa de esa y de otras divisiones o reagrupamientos cuestionables, en París ya se han levantado voces pidiendo que en lugar de ocho sean diez o doce las circunscripciones a crear. En todo caso, el proyecto sigue adelante y los inconvenientes son formales.

Aunque tangencialmente, el proyecto francés afecta a una institución comunitaria y, por tanto, debería haber suscitado reacciones en el resto de los países socios de la UE. Pero, sorprendentemente, salvo en Alemania y Bélgica –donde la mayoría de los dirigentes políticos también asumen la necesidad de acercar la UE a la ciudadanía-, en el resto de países la novedad gala sólo ha merecido comentarios menores por parte de sus respectivos líderes políticos y en algunos casos, un significativo silencio.

Preguntados al respecto, altos cargos de la sección gallega del PP han evitado hacer valoraciones. Menos evasivos o reservados son los dirigentes del PSdeG, que han manifestado su interés por la iniciativa y reconocen que están obligados a hacer un seguimiento del asunto, pues no descartan que la experiencia gala sea útil para conjugar la UE con la España de las autonomías . Lógicamente, el proyecto francés despierta simpatía en el BNG, amén de reforzar sus posiciones y confirmar sus tesis sobre la construcción europea.

El aldabonazo francés, se quiera o no, reabre en Galicia y en España el debate sobre las dimensiones territoriales del europeísmo y, de rebote, resalta una de las contradicciones en las que incurre la organización de la constitucional España de las autonomías.

 
 

Félix Soria es colaborador del IGADI.

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