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Condicionamientos de la relación hispano-argentina
Por Alberto Arce (Canal Mundo, 30/09/2003)
 
 

La diplomacia de las firmas no es ningún concepto novedoso. En una era caracterizada por la globalización y el triunfo de un orden económico internacional de tendencia liberalizadora, el papel de las compañías transnacionales se convierte en fundamental para el desarrollo de la política exterior de determinados Estados. En el caso de Argentina, esta tendencia puede estar conformando las características definitorias de una nueva relación bilateral con España.

España fue en los años 90 el segundo inversor extranjero en Argentina, tras los EEUU. Empresas españolas como Telefónica, Endesa, Gas Natural, Aguas de Barcelona, Repsol, el SCH o el BBVA se introdujeron en el país a través del proceso de privatización de servicios públicos (telefonía, electricidad, gas, agua) desarrollado por el ex Presidente Menem o simplemente a través de la compra de empresas privadas ya existentes.

Hoy en día estas empresas, que llegaron al país en una situación totalmente diferente a la actual, resultante de la crisis económica, la devaluación y el default, se encuentran en una situación muy complicada. Se endeudaron en dólares en el mercado internacional de capitales para comprar una serie de activos que hoy en día valen tres veces menos de lo que se pagó por ellos. Sus ingresos han sido pesificados y las tarifas que cobran por la prestación de sus servicios han sido congeladas. Las empresas le reclaman al gobierno argentino que les permita aumentar sus tarifas para recuperar su rentabilidad. El gobierno insiste en que cualquier eventual subida de tarifas sólo puede tener lugar en el marco de una renegociación integral de los contratos de concesión de los servicios.

El caso de Repsol es especial. La compra de la empresa pública argentina YPF le supuso el acceso a tales de reservas de petróleo que se ha convertido en una de las empresas de referencia a escala mundial. Su discusión con el gobierno argentino adquiere un perfil bajo debido a la bonanza de su régimen regulador y se limita a actuar para mantener la ley que les autoriza a liquidar el 70% de sus ingresos en el exterior. Cabe mencionar que el principal centro de actividad de Repsol en Argentina es la provincia de Santa Cruz, feudo del Presidente Kirchner, con quien mantienen una fluida relación, lo que les lleva a desmarcarse en ocasiones de los problemas que afectan al resto de los empresarios españoles.

Las empresas no amenazan, al menos abiertamente, con irse del país si no se modifica sustancialmente su actual marco de inseguridad jurídica, pero es una posibilidad que flota en el ambiente (tendría consecuencias muy serias para el país de llegar a suceder). El gobierno argentino considera que no tienen derecho a efectuar reclamación alguna ya que durante los años del menemismo participaron y colaboraron del sistema corrupto que ha llevado al país a la situación en que se encuentra. Sin pretender extenderse demasiado en este tema, en más de una ocasión, y en el marco de la negociación que tiene lugar, en Buenos Aires tienen lugar grandes apagones de luz que las empresas achacan a su falta de capacidad de renovación de los equipos por su mala situación económica y el gobierno califica de oscuras maniobras de presión con la población como sujeto interpuesto.

La situación es tan complicada que la relación bilateral hispano-argentina aparece absolutamente condicionada por la solución de la controversia existente entre estas empresas (agrupadas en torno a la FUCAES, Fundación Cámara de Comercio Española) y el gobierno argentino.

No es el objetivo de este artículo valorar lo sucedido durante los procesos de privatización y tomar una posición respecto de las acusaciones de colaboración con la corrupción del menemismo que el Presidente Kirchner formuló en su viaje a España. Muchos argentinos piensan que si las empresas no generan más ruido en su defensa, esto se debe a que el gobierno podría empezar a desempolvar información sobre el pasado que las pondría en una situación aún más complicada. En su reciente visita a Estados Unidos Kirchner aseguró que si no hay más empresas norteamericanas en el país, esto se debe a su negativa a plegarse al poder político del momento. Cabría mencionar que en plena campaña electoral, un nutrido grupo de empresarios españoles celebró una comida en el lujoso Hotel Alvear de Buenos Aires con el entonces candidato Carlos Menem. Aquel día se pronunció la frase de la cual probablemente todavía estén arrepitiéndose: “Señor Presidente, usted ha sido un interlocutor excelente y representa el compromiso de la palabra dada, sin embargo, hoy Argentina camina sobre escombros..” y a través de la cual quedó clara cuál era la apuesta política de las empresas respecto al futuro del país. Néstor Kirchner parece haber tomado nota del nada encubierto apoyo que le brindaban no sólo a su contrincante sino al modelo de país que pretende señalar como responsable de la situación actual.

Es este el contexto en el cual el gobierno español debe actuar. Argentina y España se encuentran unidos por inseparables lazos históricos y culturales. Por una pluralidad de factores, España es el principal aliado de Argentina en Europa. A lo largo del año 2002, también se ha sumado a la agenda el factor migratorio. España es el principal receptor de la emigración post-crisis argentina (125.000 personas en un año). En este sentido, elevar el enfrentamiento entre sus empresas y el gobierno argentino al nivel de la relación bilateral, podría tener un alto coste de imagen que España no puede asumir. Al mismo tiempo, en lo que se refiere a las relaciones económicas, nuestras empresas ya han sido declaradas culpables de beneficiarse de la corrupción imperante y enriquecerse desorbitadamente mientras el país se hundía. ¿Cómo puede España contrarrestar esta situación? Es más, ¿tiene alguna posibilidad de actuación al respecto?

En Octubre de 2002, el Ministerio de Economía español decidió actuar respecto a la crisis argentina y le otorgó un crédito de 100 millones de Euros con destino a la cobertura de necesidades de urgencia de la población. La mitad de ese dinero se otorgaría con crédito al FAD (Fondo de Ayuda al desarrollo) y la otra mitad se instrumentará por medio de un programa de Cooperación Económica y Financiera entre ambos países y al mismo tiempo con cargo al FAD. Varios meses después en la rueda de prensa conjunta de Aznar y Kirchner durante la visita de éste a Madrid, Aznar volvió a declarar que España era el principal aliado de Argentina en estos momentos: “Argentina ayudó a España cuando aquí se pasaba hambre y España no olvida eso”. Merece la pena desmontar el mito generado en torno a los barcos cargados de alimentos que el gobierno de Perón envió a España en la posguerra. Argentina tenía en aquel momento serias dificultades para introducir sus productos alimenticios en Europa y los envíos nunca fueron donaciones sino ventas por encima del precio de mercado. Pero tampoco es éste el tema de este artículo.

La pregunta que cabe hacerse es si existe alguna relación entre la firmeza (eufemismo para referirse a graves acusaciones de corrupción y beneficios desorbitados) expresada por el gobierno argentino respecto a los intereses económicos españoles en el país, y la nula respuesta (al menos en público) por parte del gobierno español en la defensa de sus intereses. España vuelve a aparecer ligada a través de Telefónica, Repsol, etc… al mito de los “nuevos conquistadores” y el gobierno en cambio concede ayuda financiera a quien acusa, se compromete a ejercer una labor de apoyo ante el FMI y la UE y declara que buscará una solución especial e imaginativa con respecto a los más de 100.000 argentinos que podrían encontrarse en España en situación ilegal. Si esto llegase a suceder, ¿cuánto tardarán los gobiernos colombiano o ecuatoriano en pedir un trato igualitario (sus ciudadanos requieren visado para entrar en España) en virtud de su pertenencia a la misma “comunidad latinoamericana de naciones”?

Como conclusión puede afirmarse que la relación bilateral entre España y Argentina está sufriendo una seria modificación. El gobierno argentino ha tomado una postura claramente ofensiva que se justifica a la perfección y se complementa con las necesidades domésticas del Presidente Kirchner y el gobierno español no tiene la capacidad ni el margen de maniobra para responder como correspondería a su mayor peso específico como país. El gobierno argentino ha construido a la perfección un “discurso de excepción” que ha tenido como efecto “securitizar” la situación de las empresas prestadoras de servicios públicos y sacarla, por tanto, del ámbito normal de resolución institucional de las controversias hasta tal punto que algunas empresas han decidido denunciar al país ante el CIADI (Organismo de resolución de controversias del Banco Mundial).

La cuestión afecta al modelo de país, a la crítica del gobierno y el modelo anterior y además constituye una cuestión de defensa de la soberanía nacional frente al capital extranjero. ¿Qué margen de maniobra le resta a España con respecto a esta situación?. ¿Está capacitada para diseñar un “discurso de excepción” que le habilite a tomar medidas de presión excepcionales?. Si así lo hiciese, el coste en imagen no sólo en el país, sin en el contexto latinoamericano y ante su propia población sería alto ya que la política de defensa de las multinacionales no es hoy en día la más popular para ningún gobierno.

El ejemplo de la especial relación del Presidente Kirchner con la empresa Repsol puede servirnos para razonar que no existe una predisposición contra las empresas en cuanto tales y está dispuesto a llegar a acuerdos con las mismas. Nos encontraríamos ante un planteamiento político contra algunas empresas que pueden ser utilizadas como “chivo expiatorio” en la construcción de un discurso ante la población que puede durar tanto como los propios procesos electorales de los cuales depende Kirchner en estos momentos.

De ser así, y una vez producidos los realineamientos políticos en Argentina que no pueden demorarse más allá de este mismo año, esta “discrepancia bilateral” se solucionaría mediante los cauces de negociación habituales y se habrá quedado en un discurso oportunista de reivindicación de la soberanía nacional. Si nos encontramos, en cambio ante una modificación estructural y a largo plazo de la política argentina respecto de los intereses económicos extranjeros en el país, la relación bilateral con España entrará en un nuevo capítulo de tensión en el cual España tendrá que modificar su discurso y adaptarlo a la realidad de “acusación y firmeza” con la que se está encontrando últimamente en el país. Ni España pretende que ése sea el nuevo paradigma de relación con uno de sus principales socios de Latinoamérica ni Argentina debería permitirse una relación más basada en la controversia que en la cooperación con quien hasta ahora ha demostrado ser uno de sus mejores y más firmes aliados.

 
 

Alberto Arce é colaborador do IGADI.

 
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