  Tempo Exterior nº 4 segunda época - xaneiro/xuño
2002
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| Argentina: tiempo de crisis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Daniel Pereyra |
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Los acontecimientos ocurridos en Argentina desde diciembre de 2001 hasta el presente, sorprendieron a la opinión pública mundial por lo inesperado, pero también a los argentinos, que no se creían capaces de una reacción como la vivida. Las consecuencias de la rebelión popular aún perduran. Tales hechos solo pueden entenderse si nos apartamos de explicaciones fáciles y buscamos en el pasado las señales anunciadoras de lo que se avecinaba. Si actuamos así, veremos con claridad que en Argentina se ha instalado una crisis estructural, que se profundizaba desde hacía un cuarto de siglo y que en algún momento tenía que estallar. Dicha crisis tiene como eje la aplicación de una política económica neoliberal y se expresa a todos los niveles: al político, al moral y por supuesto, al económico.
El rol de la dictadura militar: En 1976, cuando los militares tomaron el poder mediante un golpe de estado, pusieron la economía nacional en mano de un equipo dirigido por el ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, e integrado entre otros por .Juan Aleman como Secretario de Hacienda y por el Secretario de Estado de Coordinación y Programación Económica, Guillermo Klein, fieles representantes del sector financiero intimamente ligado a la banca internacional. La política instrumentada, que con ligeras variantes se viene aplicando hasta la actualidad, consistía básicamente en especializar al país en el mercado mundial como productor agropecuario, integrarlo en el circuito financiero y bancario internacional acrecentando su deuda externa, reducir el peso de su industria abriendo las puertas a la importación y a la inversión extranjera, reducir el costo del Estado mediante la privatización de las empresas e impulsar a la baja el valor de los salarios. Se trataba en suma de instaurar un nuevo modelo de país mas dependiente de los centros de poder internacionales, según la política del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El papel fundamental de la represión ejercida por la dictadura consistió en hacer posible la aplicación de esos planes con una mínima resistencia, efecto logrado hasta mucho después de la retirada de los militares del gobierno en 1983. Efectivamente la desaparición física de miles de activistas populares y el terror aplicado de forma generalizada, lograron instalar el miedo en la sociedad argentina hasta fechas muy recientes, facilitando la aplicación de las medidas mas impopulares. Esa política económica fue continuada por los sucesivos gobiernos civiles que siguieron a los militares, el de la UCR (Unión Cívica Radical) con Raúl Alfonsín desde 1983 hasta 1989, el del peronista Carlos Menem desde esa fecha hasta 1998 y el del radical Fernando De la Rua hasta su renuncia a consecuencia de los sucesos de diciembre de 2001. Luego de un rápido paso por la presidencia de varios mandatarios en el término de una semana, el 1 de enero de 2002 accedió al cargo Eduardo Duhalde, quien pese a todos las dificultades y el rechazo popular continúa aplicando idéntica línea económica.
Transcurridos 26 años desde el comienzo de la dictadura se puede verificar que el país se ha endeudado vertiginosamente, que su industria se ha reducido hasta el punto de desaparecer ramas enteras de la producción, que la importación abarca numerosos productos que se elaboraban en el país, que la desocupación casi inexistente en 1976 alcanza en la actualidad a un 22 % de la población según estimaciones oficiales y a una cifra similar de subocupados, y que la calidad de vida medida en acceso a la alimentación, la salud, la educación, el ocio y la cultura ha caído hasta extremos desconocidos en Argentina.
El seguimiento de la evolución de la deuda externa entre 1966 y 2000 (en millones de dólares) es fundamental para explicar la crisis estructural y la decadencia del país.
Los primeros préstamos que se tomaron, lo fueron a tasas de interés negativas, por debajo de los índices de inflación. Luego esas tasas se transformaron bruscamente en positivas, sin que los sucesivos gobiernos se hayan negado a satisfacer tales incrementos sobre un capital prestado con anterioridad a los nuevos intereses. Desde 1976 hasta el año 2000 Argentina pagó por intereses de la deuda 212.280 millones de dólares, mas que el capital adeudado. (2) Sin embargo, su deuda creció hasta la cifra actual, que supera los 150.000 millones. Ese tremendo drenaje de capital derivado hacia la banca internacional es la principal explicación del brutal empobrecimiento del país. Lo que hoy es una evidencia, la imposibilidad de que los países dependientes puedan pagar su deuda externa, ya había sido alertado por muchos economistas, algunos fuera de toda sospecha. Así Aldo Ferrer, ministro de Economía del Gral. Levingston en 1970 y consultor de numerosas entidades latinoamericanas, la CEPAL (Comisión Económica para la América Latina) entre otras, escribió en 1982: "Tres factores contribuyeron a desencadenar las tensiones en que se debate hoy el sistema financiero internacional. En primer lugar, el continuado deterioro de la capacidad de pagos externos de los países deudores por el debilitamiento del comercio internacional y la caída de sus términos de intercambio. En segundo término, el brusco aumento de la tasa de interés internacional debido a las políticas monetarias restrictivas seguidas en los Estados Unidos desde finales de la administración Carter. Finalmente, la dimensión alcanzada por el endeudamiento de los países comprometidos. En tales condiciones, los servicios de la deuda exceden ampliamente la capacidad de pagos de los deudores y convierten en inviables las tradicionales políticas de ajuste. Estas fueron concebidas para enfrentar desequilibrios menores de los pagos externos. Nunca para resolver situaciones en las cuales los intereses de la deuda rondan o exceden el 50 % de los ingresos de exportación". (3) Si esto era así en 1982, con 41.000 millones de deuda, mucho peor es actualmente y mucho mas inviable su pago, con un endeudamiento de 150.000 millones. Pero es que además, la política del equipo económico de la dictadura estimuló ex profeso el endeudamiento externo del país, como lo señala Ferrer en el libro citado: "La canalización de créditos del exterior no fue una consecuencia de las tendencias del desarrollo y de la demanda de financiamiento externo del sistema productivo. Se convirtió en un fin en sí mismo a través del cual, se generarían cuantiosos beneficios como comisiones y spread de los participantes del proceso. No puede comprenderse la dinámica del endeudamiento si no se toma en cuenta este papel autónomo de los grupos ligados a la movilización de los créditos de la banca internacional." Y ese estímulo se mantuvo a través de todos los gobiernos, siendo el de Carlos Menem el que mas avanzó por ese camino, totalizando en sus 10 años de gobierno el 54.80 % del total de la deuda, además de haber sido el artífice de la mayoría de las privatizaciones de las empresas nacionales.
La política económica implantada en 1976 condujo a una desindustrialización del país, en beneficio por un lado de la importación de bienes extranjeros y por el otro, de la concentración empresarial en manos de pocos y poderosos grupos económicos. "La dictadura militar instaurada en 1976, en vez de modernizar la industria, hizo tabla rasa con ella, mediante la sosbrevaluación monetaria, que provocó una desindustrialización restitutiva de importaciones, convirtiendo a Argentina en paradigma de la globalización. En ocho años de neoliberalismo y terrorismo de Estado, la industria se redujo al 22 % del PIB, quebrando el complejo metal y electromecánico, el más dinámico y generador de empleo." (4) Según la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) de mayo de 2001 para el Gran Buenos Aires, la proporción de obreros industriales sobre el total de ocupados fue del 17.7 % , mientras que en mayo de 1992 era del 29.5 % lo que refleja la pérdida de peso de la industria en el conjunto del trabajo.(5) Esa política fue continuada y acompañada por la privatización de los servicios públicos, que pasaron a manos privadas, generalmente de grandes empresas extranjeras. Esto ocurrió con los ferrocarriles, teléfonos, gas, agua, electricidad, aviación, subterráneos, y otros rubros. Las privatizaciones no tendían a un mejoramiento de los servicios, como se proclamó, sino a contribuir al pago de los intereses de la deuda; además se causó al país una pérdida de unos 60.000 millones de dólares por la forma como se realizaron las ventas. Todo el proceso fue sumamente opaco, habiéndose detectado numerosos casos de soborno y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Tal vez el caso mas escandaloso fue el de la privatización de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) cuya evaluación fue confiada a la consultora norteamericana Merril Lynch, que tasó por la mitad de su valor los yacimientos propiedad de YPF, finalmente adjudicada a la empresa española REPSOL. Colateralmente a este proceso privatizador se consumó una apertura indiscriminada de las importaciones, que mediante la total supresión de barreras aduaneras permitió la entrada al país de bienes de consumo anteriormente producidos en el país, ocasionando la quiebra de ramas enteras de la industria de capital nacional.
La consecuencia combinada de estos procesos fue que la tasa de desempleo que era mínima en 1975 se elevara al actual 23 %, cifra que se duplica si se tiene en cuenta a los subempleados, trabajadores a tiempo parcial y precarios. Simultáneamente el salario industrial medio cayó mas de un 30 % hasta 1998. Sólo entre 1990 y 1998 tuvo una baja del 18.5 % mientras en la construcción retrocedió un 11.2 % en igual período. (6) Cuanto mas cayó entre 1999 y la actualidad? No hay estadísticas al día, pero sólo considerando los efectos de la devaluación entre enero y marzo de 2002, se estima un 15 % de descenso del valor real del salario. Los trabajadores sufrieron desde los descensos directos de salarios impuestos por los patrones, hasta los descensos indirectos, causados por el no pago de horas extraordinarias y la pérdida de beneficios existentes, como la provisión de ropa de trabajo, el pago del transporte, etc. Numerosas actividades son cubiertas por empresas contratistas o por trabajadores eventuales que carecen de toda protección social. Los jubilados y los trabajadores del estado que percibían salarios de mas de 500 dólares, fueron castigados durante el gobierno De la Rua con una disminución del 13 % de sus ingresos, sin mas razón que la necesidad del Estado de recabar dinero para cubrir el déficit presupuestario. Con esta disminución de puestos de trabajo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y pensiones se produjo un incremento notable de la pobreza e incluso de la indigencia, fenómeno que era desconocido en Argentina. Se calcula en un 30 % la población que vive bajo la línea de la pobreza -que apenas sastisfacen las necesidades básicas de alimentación- y en un 15 % los que están en la indigencia, es decir que lo que ganan no les alcanza para comer regularmente. Estos indigentes son básicamente las personas cuyas ocupaciones precarias, como los recolectores de cartón, les proporcionan unos ingresos mínimos e irregulares o los que carecen de toda fuente de ingresos. Este retroceso en las condiciones de vida de la clase trabajadora se vió acompañada con una baja de la conflictividad sindical. Adrián Piva sostiene que: "La evolución de la conflictividad entre 1989 y 2000 muestra una clara tendencia a la disminución. Teniendo en cuenta que esta caída de los conflictos se produce en el marco de una sostenida ofensiva del capital podemos interpretarla como un retroceso de la clase obrera. Los conflictos lal mismo tiempo adquirieron un carácter predominantemente defensivo, tanto por la tendencia al aumento de los conflictos por suspensiones, despidos y atrasos en los pagos de salarios, como sobre todo por la fuerte caída de los conflictos en reclamo de aumentos salariales" (7)
A medida que la crisis se agudizaba en los últimos años, la clase media experimentó un lento retroceso en sus ingresos, particularmente en sus capas asalariadas mas bajas. No obstante, Argentina mantenía un sector de clase media bastante amplio, si se toma como referencia al resto de América Latina. Este sector se beneficiaba de la paridad peso-dólar, permitiéndose altos niveles de medicina y educación privadas, así como gastos en ocio elevados, depósitos a plazo fijo en dólares de los que obtenían ganancias extras, etc. La clase media fue golpeada en diciembre de 2001, siendo expropiada por el gobierno al cancelar la libre disponibilidad de sus ahorros, con el llamado corralito. Decenas de miles de millones de dólares fueron inmovilizados en sus cuentas, alegando el gobierno que no existía dinero para poder pagar los depósitos. Esta auténtica expropiación, esta negación de la propiedad privada, fue causada porque los fondos fueron utilizados por los gobernantes para pagar los gastos corrientes del Estado, entre otros los intereses de la deuda externa. Al cesar el ingreso de inversiones y préstamos del exterior, recurso fundamental de que se alimentaba el presupuesto en los últimos años, los gobiernos apelaron a todos los fondos existentes. Tanto a los depósitos bancarios, como a los fondos jubilatorios, o cualquiera otra fuente de financiación posible, saltándose alegremente la legalidad que hacía que dichos recursos fueran intocables. De esa forma y de un solo golpe, la clase media perdió como mínimo la mitad de sus ahorros, si se calcula que se le devolverán en pesos a razón de 1.40 por cada dólar, que se cotiza actualmente a 3, con el agregado que la devolución se hará efectiva en forma aplazada, lo que incrementa la pérdida. Esta estafa, además del trauma que significó para los ahorristas, colocó a mucha gente que vivía de esos fondos, ancianas sobre todo, en situaciones desesperadas.
Tal crisis económica fue acompañada por un descalabro en el orden político y moral, que ha dejado profundamente conmocionada a la sociedad argentina. Los fenómenos de corrupción producidos en Brasil, Perú , México o Rusia muestran que no se trata de un hecho exclusivo de Argentina, ni siquiera de América Latina, sino de una característica del capitalismo neoliberal. La última década ha estado plagada de casos mas o menos espectaculares, donde no han faltado las comisiones ilegales para obtener contratos oficiales, como el de la empresa IBM, o el soborno al Senado para obtener la votación favorable de la legislación antiobrera. La detención del ex presidente Carlos Menem acusado de participación en el contrabando de armas con destino a Ecuador y Croacia, así como su exculpación por parte de la Corte Suprema de Justicia, es uno de los asuntos mas hirientes de la corrupción. No cabe olvidar que la mayoría de esa Corte fue nombrada por el mismo Menem. Esta lacra ha salpicado a todos los estamentos de la sociedad, desde el sindicalismo hasta la judicatura, pasando por ejecutivos patronales y dirigentes políticos. Es justamente en este último sector, en particular en los niveles de gobierno, donde se ha centrado la indignación popular, al responsabilizar al gobierno De la Rua primero y al de Duhalde después de las consecuencias nefastas del corralito. Precisamente esas medidas son las que fueron respondidas masivamente con los cacerolazos, fundamentalmente por la clase media urbana, principal damnificada por la congelación de los depósitos bancarios. El intento de De la Rua de reprimir el descontento popular, primero con la declaración del Estado de Sitio y luego con la represión policial, no hicieron mas que aumentar la protesta y provocar su estrepitosa caída. Las manifestaciones masivas que se sucedieron entre el 19 y el 28 de diciembre en Buenos Aires y otras ciudades del país, el resonar incansable de las cacerolas provocado por un sector social habitualmente pacífico, testimonia la hondura de la crisis. La consigna QUE SE VAYAN TODOS! expresa y sintetiza un sentimiento generalizado de rechazo a los gobernantes y políticos del sistema, señalados como máximos responsables de la crisis. Ese rechazo no surge del corralito, ni es patrimonio exclusivo de la clase media. Tiene su origen años antes, cuando comenzó a crecer en las elecciones el voto en blanco o la abstención, y alcanzó un punto muy alto en 2001, cuando en octubre un 40 % de los votantes se abstuvo, votó anulado o en blanco. Anécdota significativa son los votos recogidos por Clemente, personaje de tira cómica que carece de brazos, porque "no puede robar", según la explicación popular. También es digna de mención los resultados obtenidos por la izquierda, que pese a presentarse dividida en varias listas, logró los resultados mas importantes de la historia. Y no menos destacable es la realización el 15 de diciembre de la ¨Consulta Popular convocada por la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) a favor de un salario mínimo para los desocupados, a la que sorprendentemente acudieron 3 millones de personas, pese a su carácter no vinculante. Todos esos indicios muestran que existía un profundo descontento, que se expresaba de diversas maneras, y que se concentró finalmente en el cacerolazo, las manifestaciones y las luchas de los parados, y en el rechazo y la desconfianza generalizados a la acción del gobierno y de los políticos. Hoy se asiste en Argentina a una crisis total de representatividad, donde no se cree en lo que dicen o hacen los partidos políticos y los llamados representantes, incluso los votados democráticamente y donde, incluso en las nuevas formas asamblearias surgidas a partir de las luchas de estos meses, se rechazan sistemáticamente toda forma organizativa que signifique una delegación de mandatos estable por parte de los asambleístas.
Esa crisis de representatividad acompaña a las distintas manifestaciones de protesta que se han sucedido en los últimos años. Prácticamente cada nueva lucha que se produjo asumió formas organizativas novedosas, o por lo menos distintas de lo que era habitual. Así en el terreno sindical, desde hace una década ha surgido una nueva central, la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), que se opone a los manejos antidemocráticos de la burocracia dirigente. Es precisamente esta organización la que ha creado una estructura novedosa en el movimiento sindical argentino, cual es la Federación que agrupa a desocupados, los popularmente conocidos como piqueteros. Es un hecho insólito que un sindicato se preocupe de organizar y brindar asistencia a aquellos que han perdido su trabajo. Al amparo de esta Federación se encuentra uno de los sectores piqueteros mas importantes, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza, ayuntamiento ubicado en el Oeste del Gran Buenos Aires. Los piqueteros: Sin duda el fenómeno mas importante, tuvo su origen años atrás, cuando se sucedieron una serie de protestas populares, en forma de motín, en distintas poblaciones del interior del país. En 1993 en Santiago del Estero -provincia pobrísima del Norte- una manifestación arrasó edificios públicos por la falta de pago de los salarios de los empleados públicos. En 1996 en Cutral-Có, población de la sureña provincia de Neuquén se produjo el primer piquete, cuando mas de 1000 desocupados y vecinos cortaron la ruta nacional 22. Días después 20000 personas acamparon en la carretera e impideron el desalojo ordenado por un juez y que intentaba ejecutar la Gendarmería Nacional. Varios de estos hechos fueron motivados por los despidos producidos por la multinacional española REPSOL, (8000 en el caso de Cutral-Có) que tras comprar YPF se libró de gran parte del personal, dejando poblaciones enteras que vivían del petróleo, en la mas absoluta miseria al privarles de su fuente de trabajo. La forma de lucha que emprendieron estos parados fue cortar las rutas y caminos cercanos a sus poblaciones, interrumpiendo el tráfico para exigir soluciones a sus problemas. Estos cortes estaban protagonizados por centenares de personas, hombres, mujeres y niños, que acampaban sobre las rutas y resistían en muchos casos al asedio policial. En distintas oportunidades estas situaciones culminaron con represión policial y muertes entre los manifestantes. Estos piquetes se fueron extendiendo gradualmente por todo el país, alcanzando el Gran Buenos Aires en 2001 y su funcionamiento es completamente democrático, resolviéndose las cuestiones en asambleas, donde incluso se considera la marcha de las negociaciones, resolviéndose la continuidad o no de las medidas de fuerza adoptadas. Algunos de estos movimientos se gestaron inicialmente por la toma de tierras, respondiendo a la necesidad de vivienda de personas expulsadas de las ciudades por su imposibilidad de pagar los elevados alquileres, a consecuencia de la pérdida del trabajo. Y es en la periferia de las ciudades como Buenos Aires, donde centenares de miles de personas viven en chabolas, careciendo muchas veces de agua, electricidad y servicios sanitarios, donde estas organizaciones se han desarrollado con mas intensidad. Casi siempre la lucha piquetera ha ido acompañada de iniciativas asociativas y productivas diversas, a partir del aporte de los mismos vecinos de parte de los Planes Trabajar que les fueron otorgados por ayuntamientos o gobiernos provinciales, y se han traducido en cooperativas que producen pan u otros productos de primera necesidad, o en sistemas de trueque donde se cambia bienes o servicios, paliando así las necesidades mas acuciantes. Parte de esta organización suelen ser las ollas populares, verdaderos comedores donde los participantes en los piquetes y los vecinos pueden comer, obteniendo la solidaridad del pequeño comercio de la zona La localización geográfica y social de este movimiento se da en las capas mas pobres de la población y en los barrios y localidades mas deprimidas, donde son mayoría los que carecen de ingresos regulares. Las organizaciones piqueteras mas importantes se encuentran en el sur y oeste del Gran Buenos Aires, donde están los mayores bolsones de pobreza y de precariedad laboral y habitacional. El movimiento piquetero ha comenzado a coordinarse, formándose un Bloque Nacional Piquetero, en el que no confluyen todos los agrupamientos existentes, debido a diferencias en las reivindicaciones y en la metodología de organización y lucha. El domingo 17 de febrero de 2002 se efectuó una Asamblea Nacional de Trabajadores, integrada fundamentalmente por las organizaciones de desocupados mas radicalizadas y sectores sindicales en conflicto, con 1500 delegados de todo el país, en la cual se tomaron diversas decisiones, entre las que cabe destacar las siguientes: Responsabilizar al gobierno de Duhalde de la situación por su supeditación a la política del FMI y reclamar su expulsión mediante una salida popular de conjunto, repudiar la política de "concertación" apoyada por partidos políticos y centrales sindicales, en apoyo del gobierno, y llamar a la lucha conjunta de piqueteros, Asambleas barriales y trabajadores en activo, por las siguientes reivindicaciones:
Y luego de muchas otras reclamaciones sobre luchas y situaciones concretas concluye la resolución reclamando un gobierno de los trabajadores.
La otra forma nueva de organización y lucha surgió a partir de los cacerolazos. Estos se iniciaron en las esquinas de los barrios, cuando pequeños grupos de vecinos hacían sonar sus cacerolas y decidían qué hacer a continuación. Muchas veces se acordaba marchar hacia la Plaza de Mayo o hacia algún otro punto de concentración en el mismo barrio, o por el contrario quedaban en reunirse la noche siguiente en el mismo punto de encuentro inicial. La idea que germinó fue la de hacer actividades en conjunto luego de una deliberación democrática. En poco tiempo desde el primer cacerolazo del 19 de diciembre, comenzaron a surgir en todos los barrios de Buenos Aires, lo que a poco andar se hizo extensivo a otras ciudades, las Asambleas Vecinales. Tomando como punto de reunión alguna plaza del barrio, los vecinos comenzaron a reunirse a deliberar. Poco a poco estas asambleas se fueron dotando de una mecánica de funcionamiento, nombramiento de dos personas para presidirlas, otorgar la palabra al que la pidiera por 3 minutos, votación al final del debate. En general se rechazaba la presencia de organizaciones o partidos, incluso de izquierda. Desde fines de enero de 2002 comenzó a funcionar en el Parque Centenario de Buenos Aires una Asamblea interbarrial, con delegaciones de todas las asambleas, regidas por similares normas. El 17 de marzo se efectuó una reunión con alcance nacional y presencia de 150 delegaciones, donde se aprobó un programa de reivindicaciones y acciones a emprenderse colectivamente. Entre las resoluciones mas importantes figuran: el no pago de la deuda externa, la estatización de las empresas privatizadas y de las AFJP (gestoras privadas de pensiones), la nacionalización de la banca, la estatización de las empresas quebradas y su puesta en marcha bajo control obrero, entre otras. Como continuación de la consigna "Que se vayan todos" se resolvió efectuar un cacerolazo mensual los días 20, en lugar de las convocatorias semanales. También concurrir a la marcha del 24 de marzo, aniversario del golpe militar de 1976, y manifestarse el 1º de mayo, repudiando a la CGT (Confederación General de Trabajadores) burocratizada. Este movimiento asambleario experimenta altibajos en su desarrollo. Por una parte se sigue extendiendo a nuevos barrios y ciudades, pero por otra suele decaer la cantidad de asistentes. Igualmente hay un desfase entre las resoluciones que se votan, y la puesta en práctica de las mismas. Dependiendo generalmente del tipo de tareas votadas: si son temas sentidos por el barrio, como el funcionamiento del hospital local, o la lucha contra el alza de precios del supermercado cercano, es común contar con un apoyo importante de los vecinos. Este apoyo disminuye en función de lo mas complejo o abstracto de la resolución de que se trate, o del grado de compromiso que exija. Un estudio realizado por la consultora Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, dirigida por Rosendo Fraga, concluye que el fenómeno del cacerolazo, "si bien ha perdido participación, se ha transformado en una estructura de movilización social permanente, integrada por 272 asambleas barriales que se reúnen regularmente". También concluye que son los barrios de clase media y media alta los que tienen mayor cantidad de asambleas, y que las provincias con menor ingreso per cápita son las que cuentan con menos o ninguna asamblea. De esas 272 asambleas, 112 funcionan en la Capital, 105 en la provincia de Buenos Aires, 37 en Santa Fe y 11 en Córdoba. (8) Ese carácter de estructura de movilización social permanente es lo que le confiere al movimiento barrial su mayor importancia de cara al futuro.
Algo indudable es que piqueteros y vecinos hacen política, pese a que declaran muy a menudo que rechazan la política. Tal vez se podría afirmar que lo que rechazan es la politiquería, entendida como el accionar de caudillos y burócratas. Que rechazan la representatividad falsa, que consiste en reclamar el puesto de representante para luego de ser elegido hacer lo contrario de lo que se prometió y de lo que desean los representados. La sociedad civil a través de los dramáticos acontecimientos de los últimos años experimentó un creciente divorcio con respecto al poder político. Percibió que era engañada, que sus representantes no la representaban; que en nombre del bien común, tan manido recurso en vísperas de elecciones, se tomaban decisiones en beneficio de unos pocos; que la proclamada honestidad en los cargos se transformaba en enriquecimiento ilícito; que la intocable soberanía nacional se entregaba a las multinacionales. Todas esas constataciones empíricas, acumuladas a lo largo de años, se multiplicaron cuando la clase media se vió de golpe literalmente robada, cuando los trabajadores y pensionistas vieron que sus salarios eran reducidos por decreto, y cuando millones de personas se vieron abocadas al paro y al hambre, en un país rico en recursos naturales. Esa experiencia popular se sintetizó en la consigna, QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NINGUNO! que se popularizó en las asambleas y manifestaciones en las calles de las ciudades argentinas. Esa consigna condensa todo el repudio que generan los políticos tradicionales, estén o no en el gobierno y ya se manifestó en las últimas elecciones donde un 40 % de los ciudadanos se abstuvo o votó en blanco. Junto a esa consigna negativa fue surgiendo una respuesta positiva, todavía incompleta, que parte de la deliberación popular, democrática, sin censuras, sin burocracias, donde todos pueden expresarse libremente y que se va concretando, si no en un programa, sí en un listado de reivindicaciones. Ese ejercicio de democracia participativa se realiza en las asambleas de barrio, en las asambleas de los cortes de ruta, y se eleva a un nivel superior en las asambleas coordinadoras de piqueteros o vecinos. También se desarrollan formas básicas de cooperación económica, de producción, de trueque, gestionadas colectivamente y controladas de forma democrática. Este movimiento constituye un avance enorme, puesto que implica la participación activa de centenares de miles de personas en política, en autogestión democrática, en organización de la vida comunitaria. Es un importante paso adelante con respecto al pasado reciente, cuando lo que primaba era el individualismo y los intereses particulares. Pero este avance constituye el comienzo de un camino, incierto y lleno de obstáculos, donde son mas las preguntas que las certidumbres: ¿Estas organizaciones reemplazarán a los partidos políticos tradicionales? Podrán desarrollar un plan de acción política por su cuenta? Cómo resolverán el problema de la representación? Podrán por sí solas constituirse en alternativa política? Surgirá alguna forma de unión o frente entre estas nuevas formas de hacer política y los viejos partidos? Lo que está claro por el momento es que se rechaza toda forma de representación en la que no esté garantizada la opinión de los representados y que las asambleas son las únicas formas aceptadas de resolución de los problemas a través del debate y el voto. Los intentos de restauración de las viejas formas de actuación, de los caudillos y burócratas, cuentan con el repudio de las grandes mayorías, por lo menos mientras dure el actual espíritu de movilización.
Es evidente hasta para los menos enterados, que una parte sustancial de las claves de la crisis hay que buscarla fuera del país. La responsabilidad del FMI y del Banco Mundial en la deuda externa es absoluta. Las condiciones usurarias de los créditos y las renegociaciones leoninas que se han realizado de la deuda son de su exclusivo dominio. En cuanto a las normas del comercio internacional, el precio de las materias primas y el coste de seguros y transporte, está en manos de la OMC (Organización Mundial del Comercio) que privilegia a las grandes potencias en detrimento de los países mas pobres. Las exigencias del FMI, que Argentina ha seguido al pie de la letra, han llevado al país a la penosa situación en que se encuentra. El resultado objetivo de esa política es que Argentina ha pagado mas de 200.000 millones de dólares de intereses en 25 años, que se han enviado al extranjero miles de millones de ganancias de las multinacionales, que a través de las privatizaciones de empresas nacionales el país se ha empobrecido, que sus servicios esenciales se han deteriorado. Y que por otra parte la población en su gran mayoría ha caído en la pobreza o la indigencia, en el paro, y que se han perdido los niveles de educación y salud pública que lo caracterizaban. Pese a estos negativos resultados el FMI persiste en recomendar mas de la misma medicina, exigiendo un mayor achicamiento del Estado y una mayor reducción de los salarios, de tal forma que Argentina siga nutriendo con sus pagos las arcas de la banca internacional. Y se niega a facilitar nuevos créditos, aun a sabiendas que el gobierno de Duhalde pende de un hilo, tal como ya hizo cuando la crisis de De la Rua y el corralito. Es que el FMI deja caer conscientemente a la Argentina? No es lo que hizo en los casos de México, Brasil o Rusia, donde acudió rápidamente con gran despliegue de recursos. Varias explicaciones se pueden dar de esta política. Por un lado es un hecho que la administración republicana del presidente Bush se preocupa mucho mas de la política interna que de la internacional. Y que ésta le interesa fundamentalmente cuando repercute sobre su propio país, o cuando sus intereses económicos y políticos se pueden ver afectados, como es el caso del petróleo de Oriente Medio y toda la situación geoestratégica de esa región. Otra cuestión es que Estados Unidos apuesta en América Latina por un mercado común continental, como es el ALCA (Asociación de Libre Comercio de las Américas) donde tendría un peso directo y en ese sentido no ve con buenos ojos el eje Brasil-Argentina, estructurado en el Mercosur. La crisis argentina debilita ese pacto regional aumentando las posibilidades del ALCA. Y la mano dura en el tema de la deuda será esgrimida como una advertencia frente a todos los países latinoamericanos deudores de lo que podría ocurrirles si cayeran en la tentación de eludir el pago. Junto con el ALCA, la otra base fundamental de la política norteamericana en América Latina es hoy la preparación de una futura intervención militar si la consideraran necesaria. Tomando como eje el Plan Colombia y la supuesta lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos está ubicando bases militares en casi todos los países del área, como es el caso de Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú con la reciente visita de Bush, e incluso en Argentina. La posibilidad de graves crisis sociales y la extensión de la rebelión contra la situación social y económica existente torna ominosa esa presencia militar extranjera. Pero también amplía la base de posible solidaridad entre los movimientos populares de los países latinoamericanos frente a cualquier intervención. Por otra parte, hay que tener en cuenta la rivalidad existente entre Estados Unidos y la Unión Europea por el mercado latinoamericano. Un debilitamiento de la posición española y de otros países europeos en Argentina, sin duda facilitaría la entrada de capitales norteamericanos, particularmente en el caso del petróleo. Tal vez sea correcto apuntar a una suma de estos factores como explicación de la actitud de Estados Unidos ante la crisis. Mas difícil de explicar es la política o la ausencia de una política activa por parte de la Unión Europea. En el tema de la deuda se ha alineado totalmente con la posición del FMI, lo que es decir la de Estados Unidos. La Presidencia europea, en este semestre ocupada por el gobierno español, se ha limitado a la defensa de los intereses de las propias empresas sin visualizar el papel que podía haber jugado en defensa de Argentina, lo que hubiera redundado a la postre a favor de sus intereses generales. Se ha notado la falta de gestos políticos, supeditando todo su accionar a la posición de Estados Unidos. Por ejemplo, ante la visita de todo un equipo de funcionarios del FMI a Buenos Aires, la presencia de la troika comunitaria podría haber aliviado la presión brutal que se ejerce sobre Argentina. Presencia que hubiera sido decisiva si se hubiera concretado en la anulación de la deuda que Argentina tiene con los países europeos, que ya ha sido pagada con creces. En cuanto a las empresas españolas, cabe recordar que se beneficiaron con las extraordinarias ganancias obtenidas con las privatizaciones, realizadas en las peores condiciones entre funcionarios corruptos y corruptores extranjeros. Hablar hoy de posibles pérdidas sólo es hablar de menos ganancias. La presión que ejerció el gobierno español en los primeros momentos de la crisis con la visita del ministro Piqué, no es la mejor actitud hacia un país al que la mayoría de los españoles recuerdan con cariño, por la ayuda prestada en malos tiempos para España. Esta política contrasta con la actitud espontánea de miles de ciudadanos españoles contribuyendo generosamente con medicinas y alimentos a paliar las consecuencias de la crisis. Tampoco es muy generosa la actitud frente a los miles de argentinos que desean emigrar a España, a los que se les cierra unas fronteras que estuvieron abiertas de par en par cuando la situación era la inversa que en la actualidad y los españoles debían partir por millones al extranjero para poder ganarse la vida.
Como decíamos al comienzo del artículo, no se trata sólo de una crisis económica, por grave que ésta sea, sino fundamentalmente una crisis política y moral. Ningún gobernante de los que se sucedieron los últimos meses cuenta con el apoyo de la población, ya que están descalificados moral y políticamente, algo inédito en Argentina. Es una situación infinitamente mas grave que la que ocurrió en 1989, cuando el presidente Alfonsín tuvo que acortar su mandato por la hiperinflación. Hoy el país se encuentra al borde de una nueva escalada del coste de la vida, impulsada por la devaluación que ya ha elevado los precios de los artículos de primera necesidad en un 50 % y que amenazan con seguir trepando. La cotización del dólar, arrastrada por la desconfianza ciudadana, contribuye a producir el mismo efecto, ya que es uno de los indicadores básicos para determinar el precio de las mercancías. Por otra parte, la carencia de un liderazgo reconocido favorece la lucha de las distintas fracciones del capital y de las diversas administraciones provinciales y locales por adueñarse de la mayor parte de la tarta, ignorando toda posible disciplina económica. Es la situación en la que se encuentra el Gobierno de Duhalde, que no logra representar a todos los sectores de las clases dominantes para formular un plan capaz de sacar al país de la crisis ni puede disciplinar a la población para que acepte mayores ajustes. El grave enfrentamiento con la Corte Suprema en torno al problema del corralito es un ejemplo de ello. Esta ha dictado resoluciones por las cuales de hecho libera los depósitos del corralito y el Ejecutivo se opone con todos sus medios al no contar con medios para pagar. El gobierno no cuenta con el respaldo popular por la política que desarrolla y por la vinculación con el pasado hoy repudiado mayoritariamente. Por eso se trata de un gobierno sumamente débil, con un futuro incierto, que puede caer en cualquier momento. Las relaciones entre el gobierno y la sociedad muestran un completo divorcio, agravado por las múltiples manifestaciones de descontento de la población, expresado día a día en la calle. No es extraño que comiencen a resonar antiguos llamamientos desde la derecha mas reaccionaria a restaurar el orden, vencer el caos y la anarquía, implantar la disciplina. Un serio analista de la derecha visualiza así la situación de Argentina: "La política argentina sabe cuales son los plazos de Duhalde. Uno de ellos es el que le impediría vivir por tres meses mas sin ayuda externa... La sociedad nacional ya ha hecho demasiados esfuerzos como para que le sigan pidiendo lo mismo. Hace 4 años que padece una economía en recesión; los salarios privados fueron ajustados antes de la devaluación y vueltos a ajustar por la acción natural de ésta; la desocupación se encamina hacia el 30 % y la caída del PIB está rondando el 15 %" (9) Las formas de representación tradicionales, partidos y sindicatos, han perdido toda credibilidad y al contrario, su mera presencia genera irritación. Por eso mismo son incapaces de ejercer su tradicional papel de mediadores entre la sociedad y el poder, e incluso los intentos de la Iglesia en ese sentido, junto a algunos líderes sindicales y políticos, no han tenido éxito. Frente a esa desligitimación de las estructuras tradicionales en los últimos años han ido surgiendo nuevas formas de organización y representación de los sectores populares. Ese proceso se aceleró notablemente desde el 19 de diciembre. Se trata de un fenómeno incompleto, en pleno desarrollo, relativamente espontáneo en la medida que no tiene una dir ección reconocida pero que recoge toda la experiencia social y política del pueblo argentino. La característica central de este proceso es que surge directamente de la base de la sociedad, a través del aporte de los ciudadanos, que se van dando las formas de organización que creen convenientes, basadas en la participación y la democracia plena. Así se integran mujeres y hombres, jóvenes y viejos, trabajadores activos y parados, clase media y jubilados. Las asambleas son el nervio de esta organización popular. Así se da en el movimiento de desocupados -el primero en organizarse- y mas recientemente en las Asambleas barriales de las ciudades. El derecho al uso de la palabra escrupulosamente respetado, los tiempos iguales para todos, la presidencia de la Asamblea sujeta a reemplazo cuando ésta lo cree oportuno, el rechazo a la permanencia de las mismas personas en cualquier tarea que implique delegación, son señales de identidad reconocidas. Desde estas nuevas formas está surgiendo un programa de lucha popular, en el que tienen cabida desde las reclamaciones mas inmediatas referentes a la alimentación, sanidad, educación, hasta los problemas mas generales, como hacer frente a la deuda externa, o como plasmar la consigna, Que se vayan todos! en una forma de gobierno o gestión nacional. Pero es un programa con vacíos y contradicciones, asumido todavía por una minoría social, que es la que se organiza y participa activamente y que no se traduce en una actividad centralizada, salvo en raras ocasiones. Estas organizaciones y programas son, pese a su precariedad, lo nuevo que surge. Es la esperanza de una regeneración democrática de la vida política y social argentina. Regeneración que exige el fin de los caudillos, de los corruptos y de los burócratas. En una palabra, que requiere de otra forma de hacer política. Este cambio profundo no es condición suficiente, pero sí indispensable para que Argentina pueda superar la crisis que la atenaza. Los viejos partidos, los políticos profesionales corruptos, los dirigentes sindicales burocratizados han perdido credibilidad y posibilidades. Podrán subsistir un tiempo mientras que el movimiento popular no logre consolidarse, pero su suerte está echada. Las formas representativas parlamentarias, surgidas de elecciones que se realizan cada 4 años, tampoco han salido bien paradas de esta rebelión. Los diputados, senadores, alcaldes y concejales que se sienten liberados de todo compromiso con sus votantes han perdido legitimidad. No obstante no se puede descartar la posibilidad de que ante una crisis grave o una eventual caída del gobierno de Duhalde se convoquen a elecciones, en las cuales podrían competir viejos partidos y algunos nuevos como el que lidera la diputada Alicia Carrió, que intenta ser una opción diferente en base a la lucha contra la corrupción. Aun en el supuesto que triunfara en unas hipotéticas elecciones, la cuestión de fondo es qué política estaría dispuesta a desarrollar. Sin un cambio realmente profundo, sin una ruptura con los dictados del FMI, sería mas de los mismo y dificilmente contaría con respaldo popular. También está la incógnita del papel que pueden jugar las organizaciones políticas de izquierda, que eran débiles por su división, que crecieron en las elecciones de octubre y que actúan dentro de los movimientos que se han constituído aunque siguen divididos dentro de éstos, lo que sin duda resta peso a su influencia. La mayor esperanza de una Argentina democrática, sin condicionantes externos, liberada de la miseria, con sanidad, educación y cultura recuperadas, está en los nuevos movimientos que surgen desde lo mas profundo de la sociedad. De la forma en que evolucionen surgirán las respuestas de las que hoy carece la sociedad argentina. Por el momento se trata de un proceso abierto plagado de incertidumbres.
Daniel Pereyra es analista especializado en temas latinoamericanos. |
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Notas (2) TOUSSAINT Eric, "El observatorio de las transnacionales", 9/01/2002, con fuentes del World Bank y del BCRA (Banco Central de la República Argentina). (3) FERRER Aldo, "¿Puede Argentina pagar su deuda externa?"
El Cid Editor, (4) FONSECA Jorge, "Argentina y la piedra filosofal", EL PAIS, 8/02/2002. (5) PIVA, Adrián, "La década perdida", Cuadernos del Sur Nº 32, Buenos Aires 2001. (6) CLARIN, 8/11/1999. (7) PIVA, Adrián, artículo citado. (8) LA NACION, 25/03/2002. (9) MORALES SOLA, Joaquín, LA NACION, 24. 03. 2002. |
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ÚLTIMA REVISIÓN: 13/09/2002
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