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Diez años después de llegar al poder a través de unas elecciones democráticas, el
fenómeno Fujimori, que tantos elogios se ganó en su momento de parte de los Chicago´s boys
, gobiernos occidentales y organismos internacionales, ha terminado por estallar y desintegrarse en pedazos. Después
de años de Gobierno autoritario, o dictadura blanda, Perú se prepara para unos nuevos comicios, intentando
dejar atrás la siniestra era Fujimori-Montesinos.
Alberto Fujimori, el hombre que en el plazo de .pocos meses logró poner en pie la plataforma electoral Cambio
90, habría de derrotar en la segunda vuelta en 1990 al histórico APRA, y al ultraliberal escritor
Mario Vargas Llosa, candidato del Frente Democrático (Fredemo). Fujimori pasó de ser el hombre mimado
por Washington y las multinacionales, elogiado hasta último momento por el zar antidrogas norteamericano,
Barry McCaffrey, a convertirse en un prófugo de la Justicia, destituido por el Congreso de su país,
autoexilado en Japón, defenestrado por todo el mundo.
Aún aquéllos que lo consideraron durante años como un mal menor para Perú, terminarían
comprendiendo que Fujimori fue en realidad un mal mayor, una antítesis de lo que prometió ser ante
los 25 millones de peruanos, hartos de años de corrupción, de agudización extrema de las diferencias
sociales, de violación sistemática de los derechos humanos.
El Chino Fujimori se presentó en 1990 con un discurso populista ante una población profundamente
desconfiada de los políticos, reivindicando ser un Míster Limpio, un moderno y eficaz hombre de empresa
que acabaría con una forma corrupta y caduca de hacer política, con la hiperinflación y con
el terrorismo. Diez años después, los miles de peruanos que antes acudían entusiasmados y
esperanzados a sus mítines, salieron airados a las calles de Lima y otras ciudades de Perú para manifestarse
contra él y reclamar su encarcelamiento.
El “Fujishock”
Fujimori logró provocar un gran impacto en Perú y en el exterior, al dejar atrás el estado
caótico en que dejó el país el Gobierno de Alan García, con sonados casos de corrupción
y una hiperinflación del 7.650% anual. El FMI había suspendido todas las líneas de crédito
con Perú, cuando Alan García anunció que limitaría el pago de la deuda externa al 10%
de lo obtenido por su país en concepto de exportaciones. El PIB llegó a caer un 20%.En poco tiempo
Fujimori logró que la inflación bajara a dos dígitos, gracias a un paquete de medidas económicas
extremas exigidas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo,
que concitaron los aplausos en medios financieros internacionales, aunque en Perú, el llamado “Fujishock”
agudizó aún más las extremas diferencias sociales existentes, al ensañarse fundamentalmente
con la mayoría más desprotegida de la población.
Para poder imponer sin resistencia su plan económico y su particular visión del poder, cada vez más
autoritaria -justificándose en la necesidad de acabar con una década de terrorismo- Fujimori terminó
recurriendo a un autogolpe sólo dos años después de estar en el poder. El 45% del territorio
peruano estaba incluido en las llamadas zonas de emergencia, donde las Fuerzas Armadas eran dueños y señores
y donde a las matanzas llevadas a cabo por Sendero Luminoso, se sumaban las realizadas por el propio Ejército
contra los sectores indígenas que no colaboraban activamente en la lucha contra la guerrilla. Fujimori había
prometido acabar con el terrorismo, objetivo en el que habían fracasado los dos gobiernos anteriores, el
de Belaúnde Terry y el de García. La violencia política ya se había cobrado más
de 15.000 víctimas.
El flamante presidente recurrió a un hombre de oscuro pasado para reforzar aún más el poder
de las Fuerzas Armadas: Vladimiro Montesinos. “Cuidado con este asesor”, había titulado en portada la revista
Caretas el 10 de junio de 1991, para referirse a Montesinos. El asesor de seguridad de Fujimori, que se convertiría
en el jefe en la sombra del poderoso Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), era un capitán de artillería
expulsado en 1976 del Ejército por traición a la patria . Un tribunal militar peruano lo juzgó
en ese momento por haber vendido a la CIA documentos secretos de las Fuerzas Armadas.
El escándalo fue descubierto por el general Miguel de la Flor Valle, cuando encontró a Montesinos
en una cita del instituto Interamericano de Defensa, representando falsamente a Perú.
En 1978 Vladimiro Montesinos salió de la prisión pero sólo un año más tarde
se vio involucrado en otro escándalo. El doctor Montesinos [se asegura que su título de abogado egresado
de la Universidad de San Marcos es falso, que sólo ha pasado por ella unos meses] había salido de
garante para el alquiler de dos locales que fueron utilizados por el narcotraficante Jaime Tamayo Tamayo, en los
que funcionaron laboratorios de procesamiento de la pasta básica de cocaína que posteriormente fueron
intervenidos por la policía. La relación de Montesinos con el narcotráfico peruano y colombiano
se estrecharía años más tarde, tras convertirse en el Rasputín del Gobierno de Fujimori.
En 1983 Montesinos fue juzgado nuevamente por una corte marcial, acusado también de traición, tras
publicar un diario clandestino en el que se fomentaba un golpe militar, pero fue finalmente declarado inocente.
A pesar de haber sido dado de baja en el Ejército años antes, gracias a sus vinculaciones con oficiales
del arma obtuvo y vendió en 1984 a la Comandancia General del Ejército de Ecuador, listados completos
del material militar que Perú había comprado a la Unión Soviética, así como
otra valiosa información secreta. Cuando tiempo después, ya durante el primer periodo del Gobierno
Fujimori, la prensa divulgó el pasado de su principal asesor, el presidente salió inmediatamente
en su defensa. Ante las acusaciones de que había sido un hombre que trabajaba para la CIA, Fujimori llegó
a decir que una persona que trabajaba para una agencia tan importante no podía haber hecho nada ilegal,
y en cuanto a las denuncias sobre su relación con el narcotráfico, el presidente volvió a
sorprender a la opinión pública, cuando sostuvo que Montesinos había tenido esas vinculaciones
con el único objetivo de conocer sus métodos de actuación y poder luego saber cómo
enfrentarlos.
El nombre de Montesinos vuelve a los titulares de la prensa durante la campaña electoral de 1990, cuando
salió en defensa de Fujimori, entonces candidato presidencial, quien había sido acusado de fraude
en transaciones de bienes raíces. Las pruebas de la acusación desaparecieron misteriosamente y el
caso terminó esfumándose tras el triunfo en las elecciones.
El autogolpe de 1992
El autogolpe que llevan a cabo Fujimori y Montesinos en 1992 y que habría de permitirles acabar con todas
las instituciones del Estado para gobernar sin obstáculos de ningún tipo, y con poderes absolutos,
fue la concreción de un muy estudiado plan iniciado desde el mismo momento de ganar las elecciones. Cambio
90 no contaba con mayoría en el Parlamento y Fujimori, junto a Montesinos, su mano derecha, y un grupo de
fieles, aprovecharon el descrédito que tenían los partidos tradicionales para lanzar una campaña
contra ellos, acusándolos públicamente de obstruir su proyecto reformista. Ese mensaje lograría
calar hondo en la población. Paralelamente, Fujimori comenzó su ataque contra la Magistratura, preocupado
por la resistencia que podría encontrar de parte de una Corte Suprema integrada por una mayoría de
jueces nombrados por la Presidencia anterior. Las campañas contra el Parlamento y la Justicia, a la que
se fueron sumando los ataques a otras instituciones públicos y a los medios de comunicación críticos,
fueron preparando el terreno para el golpe. A pesar de haber logrado reducir drásticamente la inflación,
la economía vivía un momento de recesión y las críticas comenzaban a crecer, pero,
tal vez el elemento que puso día y hora para el golpe fujimorista fue finalmente una sopresiva denuncia
hecha contra el presidente por su propia esposa, Susana Higuchi.
La crisis que vivía la pareja presidencial era un secreto a voces, pero fue tras la vuelta de Alberto Fujimori
de un viaje a Japón en el que no había participado su esposa, cuando ella decidió denunciar
públicamente por corrupción a dos hermanos del presidente, Rosa y Santiago Fujimori –ambos enquistados
en el círculo íntimo del poder- y a la esposa de éste último. Ese 24 de marzo de 1992,
Susana Higuchi denunció que esos familiares de su esposo habían revendido para beneficio personal
toneladas de ropa usada donadas por Japón. El Parlamento, mayoritariamente en manos de la oposición,
decidió formar una comisión investigadora de los hechos denunciados, fijando como fecha de su constitución
el 7 de abril. Sin embargo, dicha comisión nunca llegaría a constituirse porque, dos días
antes del día fijado, el presidente protagonizó su autogolpe.
En 1990 había terminado la larga dictadura de Augusto Pinochet en Chile y ya la fórmula de dictaduras
militares estaba en desuso en América Latina y mal vistas en el mundo entero. La caída del Muro de
Berlín en 1989 y el efecto dominó que ésta produjo en la mayoría de los regímenes
de Europa del Este, ya había cerrado por fin el capítulo de la Guerra Fría. Sin embargo, al
preservar algunos aspectos puramente formales de un régimen democrático, Fujimori logró imponer
un Gobierno autoritario -o tal vez hubiera que calificarlo de dictadura blanda- sin que esto le valiera más
que algunas reprimendas menores de la comunidad internacional, sin consecuencias comerciales ni diplomáticas
significativas. Con su autogolpe del 5 de abril de 1992, sustentado fundamentalmente en el apoyo incondicional
de las Fuerzas Armadas, Alberto Fujimori disolvió el Parlamento, intervino el Poder Judicial y todas las
instituciones del Estado, restringió drásticamente las libertades democráticas, los derechos
sindicales, coaccionó a los medios de comunicación y hostigó a los opositores, instaurando
un régimen con fachada civil pero con nítidos rasgos dictatoriales.
Alberto Fujimori y su Consejo de Ministros gobernaron el país mediante decretos, introduciendo un conjunto
de leyes antiterroristas que vulneraron los más elementales derechos de los ciudadanos; los civiles pasaron
a ser juzgados por el fuero militar; aparecieron los tribunales sin rostro (jueces encapuchados), se generalizó
aún más el uso de la tortura contra los detenidos. Pocos meses después del golpe, Fujimori
dotó al Servicio de Inteligencia Nacional de super poderes [medida a la que se había opuesto hasta
ese momento el Congreso], y esa institución pasó a centralizar todos los organismos de inteligencia
y contrainteligencia existentes, tanto de los ministerios del Interior, de Defensa, Asuntos Exteriores, de las
Fuerzas Armadas, como de los gobiernos regionales y locales.
El SIN, cuyo comandante, a nivel formal, era el almirante Julio César Monroe –y luego el almirante Humberto
Rozas-, pero que controlaba en realidad con mano férrea el asesor Montesinos, dependía, según
sus estatutos, directamente del presidente de la República y llegó a contar con 70.000 hombres y
600 millones de dólares de presupuesto.
Ya antes de que se produjera el autogolpe, se habían comenzado a producir una serie de asesinatos no reivindicados,
como el de noviembre de 1991 en la zona de Barrios Altos, de Lima, en el que fueron acribilladas por desconocidos
quince personas, entre ellas un niño de 8 años. Más tarde habría de confirmarse que
ese atentado formaba parte de las acciones del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte controlado por Montesinos
que tras el golpe golpearía sin cesar contra todo tipo de opositores del régimen. El 18 de julio
de 1992 fueron 9 estudiantes y 1 profesor de la Universidad de La Cantuta los secuestrados y desaparecidos por
obra del Grupo Colina, hecho que fue denunciado incluso en mayo de 1993 por un militar disidente, el general Rodolfo
Robles. Robles terminó refugiándose en la embajada de Estados Unidos ante las amenazas de muerte
recibidas, y posteriormente pidió asilo político junto con su familia en Argentina.
Sería sólo el comienzo de una larga cadena de crímenes y violaciones de los derechos humanos,
que habrían de quedar cubiertos bajo la amnistía decretada por Fujimori en 1995. La decisión
de decretar una amnistía se adelantó al conocerse la intención de un juez civil de hacer declarar
a Montesinos y al jefe del Ejército peruano, general Nicolás de Bari Hermoza, en el caso de la matanza
de Barrios Altos.
En 1995 se legalizó la impunidad para las violaciones de los derechos humanos cometidos entre 1980 y 1995
por miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y civiles integrantes de escuadrones de la muerte, con lo
que Fujimori calmaba la preocupación de sus fieles fuerzas de seguridad. En el 2000, tras triunfar en las
nuevas elecciones presidenciales a través del fraude, Fujimori comenzó a diseñar una ampliación
de esa amnistía a aquellos delitos cometidos hasta en el propio 2000, proponiendo que ésta fuera
aplicada no sólo para los excesos cometidos durante la lucha contra la subversión, sino también
para los registrados en la lucha contra el narcotráfico. Dicha ampliación fue presentada incluso
el 22 de octubre pasado por el propio ministro de Justicia de Fujimori, Alberto Bustamante, como una condición
para aceptar celebrar elecciones anticipadas en abril del 2001. Bustamante aclaró en ese momento que paralelamente
al referéndum en el que se votase la enmienda constitucional para recortar el mandato de Fujimori y del
Congreso y convocar nuevas elecciones, debía celebrarse otro para ampliar la amnistía de 1996.
De esta manera se pretendía cubrir de una manera burda la complicidad que el régimen, y Montesinos
y varios altos cargos militares en particular, mantuvieron durante años con los narcotraficantes peruanos
y colombianos, y que cada vez denunciaba con más fuerza la DEA (agencia contra las drogas norteamericana),
enfrentada a la CIA, que había protegido al asesor de seguridad. A fines del 2000 Amnistía Internacional
seguía recordando que el respeto de los derechos humanos, y la independencia de la Justicia estaban aún
muy lejos de ser restablecidos en Perú.
La captura del líder histórico de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en septiembre de 1992,
y la firma de la paz con Ecuador a través de la Declaración de Paz de Itamaray, el 17 de febrero
de 1995, tras cinco semanas de enfrentamiento bélico, fueron logros que supo explotar Fujimori para justificar
la dureza de su régimen y para pedir el voto de los ciudadanos. El 9 de abril de ese año Fujimori
fue reelegido por el 64,4% de los votos, frente al 21% de su rival, el ex secretario general de la ONU, Javier
Pérez de Cuéllar. Pese a que distintos sectores denunciaron la existencia de fraude, la Organización
de los Estados Americanos (OEA), que había enviado observadores, terminó por dar por buenos los resultados.
Agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), dependiente del SIN, participaron en numerosas
mesas electorales y los militares votaron a pesar de que lo prohíbe expresamente la Constitución
peruana, pero, aún así, las elecciones fueron reconocidas como válidas.
Al conseguir la legitimación de su régimen, Fujimori consiguió que la comunidad internacional
volviera a reconocerlo como un presidente legítimo, y las escasas sanciones que algunos países habían
adoptado contra Perú tras el autogolpe de 1992, fueron rápidamente levantadas, a pesar de que las
características absolutistas esenciales de su régimen siguieron en pie. El 22 de agosto de 1996,
el Congreso peruano [ya con mayoría absoluta de los partidarios de Fujimori] rechazaba una propuesta de
la oposición para constituir una comisión que investigara a Montesinos y también un pedido
para que el primer ministro, Alberto Pandolfi, y el ministro de Defensa, general Juan Castillo Meza, clarificaran
cuál era la función de Montesinos.en el Servicio de Inteligencia Nacional, en tanto que asesor.
En 1996 Fujimori consigue contar con el apoyo de algunas formaciones políticas para que el Congreso apruebe
una ley de interpretación auténtica de la Constitución que le posibilitó presentarse
a un tercer mandato presidencial consecutivo, posibilidad no contemplada en la Carta Magna. Los tres jueces miembros
del Tribunal Constitucional que osaron oponerse a tal medida por considerarla ilegal, fueron destituidos fulminantemente
por Fujimori.
Un año más tarde, en abril de 1997, el canal de televisión privado Frecuencia Latina, se atrevió
a difundir una denuncia hecha por la ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, Leonor La Rosa,
de que había sido torturada por varios de sus compañeros . La Rosa, que durante años había
realizado acciones de espionaje para el SIE, decidió en un momento filtrar al diario La República,
junto a su compañera Mariela Barreto, valiosa información interna de ese organismo, que permitió
desvelar que éste era el responsable de numerosos atentados contra periodistas y políticos opositores
del régimen. Montesinos ordenó inmediatamente la búsqueda y captura de las traidoras.
Poco después el cuerpo de Mariela Barreto aparecía descuartizado en un bosque cercano a Lima. Luego
le llegaría el turno a Leonor La Rosa, a quien tras secuestrarla, abandonaron dándola por muerte,
después de someterla a brutales torturas. Pero la ex agente sobrevivió, y aún desde el hospital,
amplió con lujo de detalles la información que había facilitado a la prensa sobre cómo
funcionaba el SIE.
La Rosa habló del fraude electoral de 1995, mostró su cartilla electoral en la que aparecía
registrada su votación, aunque la ley lo impide a los miembros de las fuerzas de seguridad; denunció
las escuchas telefónicas masivas realizadas contra todos los opositores o sospechosos de serlo. Ante la
publicidad que alcanzó éste hecho, cuatro de sus torturadores fueron condenados, pero aún
así siguieron manteniendo sus grados y empleos. Otros quedaron en libertad, como Ricardo Anderson, uno de
los agentes que la violó en repetidas ocasiones, según ella reconocería más tarde.
A pesar de ser detenido en marzo del 2000 en Estados Unidos, el Gobierno de Fujimori consiguió la liberación
de Anderson, extendiéndole un pasaporte diplomático.
Leonor La Rosa, que actualmente tiene 34 años y que sufre una importante minusvalía física
tras las graves lesiones sufridas en la tortura, pudo refugiarse en Suecia, convirtiéndose desde entonces
y hasta la fecha en un implacable dedo acusador del trinomio Fujimori-Montesinos-Fuerzas Armadas. Otra de sus ex
compañeras del SIE. Luisa Zanatta, decidió también acusar públicamente en marzo de
1998 a Montesinos por ordenar el asesinato de Mariella Barreto. Días antes de ser torturada, asesinada y
descuartizada por sus ex camaradas de arma, Mariela Barreto había confiado a Luisa Zanatta que ella formaba
parte del temible Grupo Colina, responsable de numerosos atentados. Barreto llegó a revelar a La República
el lugar exacto donde se encontraban los cuerpos de las víctimas de la masacre de La Cantuta.
Las elecciones del 2000
La ex agente La Rosa, que logró mantener contactos dentro del SIE, viajó a fines de mayo del 2000
a Lima, tras conseguir la protección de un pasaporte extendido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), para denunciar no sólo la persecución de la que era objeto su familia
en Perú, sino también para denunciar el fraude electoral que se avecinaba. El fraude de las elecciones
celebradas en abril del 2000 fue un fraude largamente anunciado.
A fines de marzo, el periódico La República publicaba un documento firmado por ocho supuestos altos
oficiales de las Fuerzas Armadas, y de la policía autollamados “institucionalistas” y que firmaban con seudónimos,
denunciaron que el gobierno preparaba un gran fraude para las elecciones que tendrían lugar pocos días
más tarde. En el comunicado se aseguraba que Montesinos en persona centralizaba la campaña de rumores
y acusaciones falsas a los candidatos como las acciones fraudulentas, para lo que había celebrado ya reuniones
clandestinas con numerosos mandos militares, a fin de coordinar una serie de tareas informáticas, anulación
de votos, etc. tendientes a favorecer el triunfo de Fujimori.
En el comunicado se ponía nombre y apellido a quienes participaban del operativo preparado por Montesinos:
los comandantes en jefe del Ejército, general José Villanueva, de la Marina de Guerra, almirante
Antonio Ibárcea y de la Fuerza Aérea, general Elesbán Bello, el subjefe del Servicio de Ingeniería
del Ejército, general Rubén Wong, y otros altos cargos, comandantes de las principales regiones militares
del país.
La celebración de las elecciones presidenciales confirmaron rápidamente el fraude organizado por
Fujimori y Montesinos. El principal rival de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, respaldándose en los testimonios
de los propios observadores enviados por la OEA y por el Gobierno de Estados Unidos, denunció el fraude
registrado en la primera vuelta de los comicios [en los el Jurado Nacional Electoral atribuyó el 49,8% de
los votos a Fujimori y el 40,3% a Alejandro Toledo] y anunció en multitudinarios mítines callejeros,
su decisión de boicotear la segunda vuelta, no presentándose a ella. Teniendo bajo su control a la
comisión electoral, la Magistratura y la mayoría de los medios de comunicación, Fujimori hizo
caso omiso de las críticas internacionales provocadas por las graves irregularidades de las elecciones y,
al no presentarse Toledo a la segunda vuelta, acudió a las urnas sin rival, reivindicando a posteriori su
abrumador triunfo.
Poco antes de producirse la segunda vuelta, un conocido periodista peruano fue secuestrado y torturado por hombres
del SIN al intentar difundir pruebas sobre la operación fraudulenta de las elecciones organizada desde el
Gobierno. Fabián Salazar Olivares, un hombre que había sido director general de protocolo del Congreso
y presidente del directorio de Radio Televisión, trabajaba como asesor de Baruch Ivcher –el empresario israelí
al que Fujimori despojó de su canal de televisión, Canal 2, por las críticas vertidas contra
el régimen, después de haber sido un apoyo de éste- en el momento en que fue secuestrado.
Era el comienzo del escándalo de los vídeos, que posteriormente jugaría un papel decisivo
en el derrumbamiento del poder de Montesinos y Fujimori. Salazar Olivares había recibido a través
de confindentes, cinco cintas de vídeo, disquetes informáticos y manuscritos de Montesinos, altamente
comprometedores. En alguno de los vídeos se veía a directivos de empresas que realizaban encuestas
de opinión pública sobre las elecciones, a varios periodistas y políticos, reunidos con Montesinos,
organizando las distintas facetas del fraude. En otro vídeo se veía a dos miembros del Jurado Nacional
de Elecciones, su presidente, Alipio Montes de Oca, y Rómulo Muñoz, en el momento que entraban a
la sede del SIN para recibir instrucciones. El SIN logró interferir llamadas telefónicas de Salazar
realizadas desde su oficina. Poco después un comando asaltaba su despacho, le robaban documentos comprometedores
y le torturaban. La llegada de compañeros de trabajo en el momento que los asaltantes comenzaban a aserrarle
la muñeca izquierda, provocando la fuga de éstos.
Los observadores de la OEA habían decidido no estar presentes en la segunda vuelta, al considerar que no
había garantías de transparencia y que no querían legitimar el fraude. El Gobierno de Bill
Clinton advirtió también a Fujimori, antes de celebrarse las elecciones, de los riesgos que corría
de persistir en su empeño de hacerse elegir a cualquier precio para un tercer mandato.
Alejandro Toledo había reclamado la postergación de la segunda vuelta de las elecciones hasta tanto
se garantizara la transparencia del escrutinio. Fujimori desoyó todas las críticas y presiones y
mantuvo la fecha prevista. El 28 de mayo se autoarrogó la victoria por más un 75% de los votos. Meses
después, cuando ya Fujimori estaba autoexilado en Japón, el nuevo titular de Economía del
Gobierno de transición, Javier Silva Ruete, confirmaba que el fugado había gastado en su campaña
electoral buena parte del billón de pesetas ingresado en las arcas del Estado por la privatización
de empresas públicas. El 28 de julio Fujimori tomó posesión de su cargo, jurando ante el Congreso,
e iniciando su tercer mandato presidencial consecutivo. El Gobierno de José María Aznar [España
es el tercer socio comercial de Perú] fue criticado en aquel momento por haber enviado a la toma de posesión
al vicepresidente primero, Mariano Rajoy, mientras que los restantes países europeos se habían hecho
representar sólo a través de sus respectivos embajadores acreditados en Lima, como muestra de su
postura crítica hacia el proceso electoral.
Por segunda vez [la primera fue en 1991 contra el régimen militar haitiano surgido tras el derrocamiento
del presidente Aristide] en muchos años en América Latina, una organización como la OEA que
se tapó los ojos ante tantas dictaduras militares que asolaron el continente en los años 70 y 80,
parecía dispuesta a aplicar contra Perú las sanciones contempladas en su Resolución 1080.
Igualmente, Estados Unidos, un país que había estado detrás de la gran mayoría de los
sangrientos golpes de Estado producidos en el continente, amenazaba con tomar represalias contra el Gobierno de
Lima. Finalmente las sanciones no se produjeron.
En la reunión del Consejo Permanente de la OEA que discutió el problema de Perú a fines de
mayo, sólo Costa Rica se mostró partidaria de recurrir a las sanciones contra el régimen de
Fujimori. Estados Unidos, principal socio comercial de Perú, pareció sentirse aliviado por la postura
de la OEA y anunció que no adoptaría medidas unilaterales en contra de la decisión adoptada
por los restantes miembros de esa organización.
El escándalo de los vídeos
El nuevo mandato presidencial de Fujimori habría de tener muy corta vida. Un elemento inesperado irrumpió
en escena, arruinando el proyecto de Fujimori y Montesinos para perpetuarse en el poder. El 14 de septiembre del
2000, los congresistas Fernando Olivera y Luis Iberico, del Frente Independiente Moralizador –al que pertenece
la esposa de Fujimori, Susana Higuchi- presentaron ante la opinión pública un vídeo donde
aparece Vladimiro Montesinos entregando 15.000 dólares al congresista Alberto Kouri, a cambio de su pase
a las filas del gubernamental Perú 2000.
La grabación, hecha por el propio equipo de Montesinos para poder chantajear a los filmados en el caso de
no cumplir sus compromisos, se le convirtieron en un boomerang una vez que llegaron a manos de la oposición.
La oposición anuncia su ruptura de diálogo con el Gobierno y el día 16 Alberto Fujimori sorprende
a todos con un mensaje a la Nación, en el que asegura que desactivaría inmediatamente el SIN y que
convocará elecciones anticipadas para abril del 2001. El 2 de noviembre el Congreso ratificó por
109 votos a favor, 5 abstenciones y 2 en contra, la enmienda constitucional que autorizó recortar el mandato
presidencial de cinco años a uno.
A pesar de que los roces entre Fujimori yMontesinos habían aumentando en los meses previos al escándalo
del vídeo y el presidente peruano parecía preocupado ante el poder cada vez más importante
acumulado por su asesor, el Chino se apresura a negociar en el extranjero el exilio de éste. Los hechos
comienzan a sucederse a partir de ese momento, con una velocidad vertiginosa. Montesinos y una docena de oficiales
del Ejército gestionan el asilo político en Panamá, pero éste país rechaza concederle
visado a al menos siete de ellos, obligándolos a abandonar el país en el plazo de 24 horas.
El Gobierno panameño es notificado por otro lado por su homólogo suizo, de que Montesinos está
siendo investigado por las suculentas cuentas bancarias que tiene en ese país, de alrededor de 50 millones
de dólares –otras más son descubiertas en varios paraísos fiscales-, y decide no renovarle
su permiso de estadía. EEUU y la OEA presionan también en ese sentido, ningún país
latinoamericano está dispuesto a conceder asilo a Montesinos, y la propia Justicia panameña lo investiga
por sus relaciones con un poderoso narcotraficante de ese país, Boris Foguel Suengas. Montesinos se ve obligado
a volver a Perú, en un viaje rocambolesco.
El polémico asesor de Fujimori da a conocer desde algún lugar no especificado de Perú, que
ha vuelto tras descubrir que había un plan de Sendero Luminoso y el MRTA para asesinarlo. Algunas versiones
aseguraron en ese momento que Montesinos quiso hacer valer su ascendiente dentro de las Fuerzas Armadas para encabezar
un golpe contra Fujimori y tomar el control del poder. Montesinos puso en aprietos a Fujimori cuando en unas declaraciones
realizadas a una emisora, dijo que fue él quien logró disuadir al presidente de que no fusilara al
líder histórico de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, tras su detención.
A pesar de que Fujimori coordinó con Montesinos su vuelta a Perú, la revelación sobre las
cuentas bancarias de éste en el exterior y las presiones para que el presidente detuviera y entregara a
la Justicia a su ex colaborador, decidieron al Chino a pensar en su propia supervivencia. Vladimiro Montesinos
se convirtió de un día para otro en chivo expiatorio de todo el sistema de corrupción existente
y de la violación sistemática de los derechos humanos durante toda una década.
Fujimori llegó a encabezar una parodia de persecución de su ex asesor por todo el país, poniendo
al frente de absurdas operaciones de rastrillaje, con despliegue de tropas, vehículos y helicópteros.
La Justicia peruana terminó por ordenar la captura del ex asesor presidencial bajo los cargos de enriquecimiento
ilegal, corrupción de funcionarios, lavado de dinero del narcotráfico, extorsión, tortura
y asesinatos. En los registros de sus viviendas se descubrió, bajo un camuflaje sofisticado digno de James
Bond, otra serie de comprometedores vídeos, joyas, dinero en efectivo y hasta seis calabozos construidos
en uno de sus zulos.
Fujimori se ocupó de descargar la responsabilidad de todos los males de su régimen en el hombre que
fue su mano derecha durante 10 años. “No hay duda de que Fujimori se equivocó con Montesinos”, sostenía
el ministro de Exteriores peruano, Fernando de Trazegnies, durante su visita a Madrid en esos días, en un
intento por exculpar al presidente.
Montesinos fue presentado por el entorno de Fujimori como el traidor que defraudó la confianza depositada
en él por el presidente. Fujimori comienza una purga de los oficiales del Ejército más cercanos
a Montesinos e intenta distanciarse totalmente de él, pero el cúmulo de pruebas de corrupción
que empiezan a salir a la luz a través de los más de 2.400 vídeos del hombre fuerte del SIN,
amenazan con englutir al propio presidente.
La fuga de Fujimori
Al cerrarse más y más el cerco sobre Fujimori, éste optó por huir del país,
justificando su partida como un viaje oficial a países asiáticos, anunciando finalmente desde Japón
su renuncia a la Presidencia. Fujimori se ha negado a volver a Lima aduciendo ser víctima de una persecución
política, lo que terminó por hacer estallar la crisis y obligó al nombramiento de un Gobierno
provisional presidido por el moderado Valentín Paniagua Corazao y con Alberto Pérez de Cuéllar
de primer ministro.
El Congreso peruano rechazó la renuncia de Fujimori y decidió destituirlo tras su rocambolesca fuga
a Japón en noviembre pasado, y la Fiscalía de Perú le corresponsabilizó posteriormente,
en febrero, del gigantesco entramado mafioso montado durante años junto con su ex mano derecha, Vladimiro
Montesinos. La comisión parlamentaria que investiga a Fujimori, presidida por el legislador David Waissman,
lo ha acusado, al igual que a seis de sus ex ministros, de robo de caudales del erario público, concusión
[cobro arbitrario por parte de un funcionario público] y enriquecimiento ilícito. La comisión
sostiene que Fujimori fue cómplice de Montesinos en la amplia red de corrupción centralizada por
éste. Waissman dijo que se han detectado cuentas de Montesinos que ascienden a 17.000 millones de pesetas,
y que otras 39.000 millones de pesetas se encuentran en cuentas de testaferros directos o indirectos suyos.
Cerca de 350 personas, entre ellas militares, líderes políticos, parlamentarios, jueces, banqueros
y empresarios, aparecen gravemente comprometidos en el colosal montaje de corrupción, gracias a los vídeos
filmados por el propio Montesinos, que hoy día se han convertido en inapreciables pruebas para la Justicia.
Más de cuarenta investigaciones se han abierto ya en distintos órganos de Justicia, con una veintena
de personas sometidas a arresto domiciliario, decenas con prohibición de salir del país y otras tantas
con orden de búsqueda y captura.
Entre los detenidos hay varios altos oficiales militares, como los generales Walter Chacón, José
Villanueva Ruesta, Nicolás de Bari Hermoza, Fernando Dianderas (ex ministro del Interior), el coronel Roberto
Huamán, o los máximos responsables de regiones militares claves, como Juan Yanqui y Luis Cubas. Al
amparo de las leyes de excepción dictadas durante el Gobierno Fujimori para combatir a grupos armados como
Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupác Amaru, las fuerzas de seguridad no sólo cometieron
gravísimas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. También utilizaron éstas
para disponer sin control de unos presupuestos cada vez más voluminosos.
Drogas y tráfico de armas
La guerra que libró el Ejército de Fujimori contra Sendero Luminoso, tuvo también como telón
de fondo una lucha por el control proveniente del narcotráfico. Cuando los militares lograron desalojar
a los guerrilleros de las principales zonas de producción de coca, el impuesto que éstos cobraban
a los narcotraficantes para sacar la materia prima de la zona en avionetas pasó a ser controlado por los
mandos del Ejército. Demetrio Chávez Peñaherrera, alias “Vaticano”, el más poderoso
capo de la droga peruano de los últimos años, que fue detenido en Colombia en 1994 y entregado posteriormente
a Perú. declaró en noviembre pasado bajo juramento las comisiones que debía pagar para cargar
sin problemas toneladas de coca en sus avionetas en la zona de la Campilla, en la región amazónica
del Alto Huallaga.
Foguel Suengas, jefe del cartel Los Camellos, de Panamá, había declarado en octubre pasado al periódico
peruano La República, que Montesinos recibía 700 dólares por cada kilo de droga que salía
de Perú. Roberto Escobar Gaviria, El Osito, hermano y cómplice del ex poderoso narcotraficante Pablo
Escobar, y detenido desde hace años, aseguró que su hermano “dio un millón de dólares
para la campaña de Fujimori”. “Recuerdo que un día que hablaron por teléfono, mi hermano Pablo
estaba escondido en Aquinatia [...] Montesinos le habló de la campaña de Fujimori, que él
iba a ser la mano derecha del presidente, y después le pasó a Fujimori, quien le dijo a Pablo que
si llegaba a la Presidencia, con gusto le colaboraba en lo que estuviera a su alcance”.
El poder militar vivió una época de auge durante el reinado de diez años de Fujimori y el
grado de impunidad con el que actuaron las Fuerzas Armadas para aplicar la política de tierra quemada en
las zonas de actuación de las organizaciones guerrilleras, tuvo también su correlato en el plano
económico. Al tiempo que el Ejército combatía frontalmente a la guerrilla y el Gobierno no
cesaba de reivindicar el rol abnegado y patriótico de éstas, el propio Vladimiro Montesinos controlaba
personalmente una importante operación triangular de tráfico de armas –50.000 fusiles de asalto AK-47-
compradas en Jordania y cuyo destinatario final era, paradójicamente, la poderosa guerrilla colombiana de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
No sería ésta la única operación de compra de armas en la que los altos mandos del
Ejército peruano percibieran jugosas comisiones. Otro de los escándalos de este tipo que salió
a la luz pública fue la compra de aviones de combate MIG 29 a Bielorrusia en 1996, destinados a la Fuerza
Aérea peruana, y, dos años, más tarde, a Rusia. La guerra que libraban las tropas de Fujimori
contra la guerrilla.
Alán García, salpicado por un vídeo
El estudio exhaustivo de la videoteca de Vladimiro Montesinos, ha llegado incluso a salpicar al ex presidente Alan
García, quien una vez levantado por el nuevo Gobierno provisional los impedimentos para volver al país,
se ha presentado como candidato a presidente por el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), ante las próximas
elecciones del 8 de abril. Su ex ministro del Interior, Agustín Mantilla Campos, aparece en uno de los polémicos
vídeos, grabado en marzo del 2000, recibiendo de manos de Montesinos 30.000 dólares. Mantilla habría
pedido ese dinero a Montesinos supuestamente para financiar la campaña electoral del APRA ante los comicios
que tuvieron lugar ese año, aunque se desconoce cuál fue el compromiso que asumió a cambio
de esa ayuda.
“Siento este hecho como una puñalada en la espalda. No entiendo cómo una persona de la APRA puede
pedir dinero a quien fue mi asesino político y moral durante nueve años”, aseguró Alan García
al enterarse de los hechos. García se asiló en Colombia en junio de 1992, poco después del
autogolpe de Fujimori y Montesinos, y tras lograr eludir un intento de detención en Lima por parte de las
fuerzas de seguridad peruanas.
El régimen de Fujimori le acusó de delitos de enriquecimiento ilegal, cohecho y colusión,
pero un tribunal de la Corte Suprema de Justicia de Perú dio en enero pasado por prescritos esos delitos,
por lo que anuló las órdenes de detención y los procesos judiciales que García tenía
pendientes.
El candidato del APRA aseguró que ni él ni su partido como institución hubieran tenido conocimiento
de las componendas del jefe de la campaña electoral del APRA y Vladimiro Montesinos, e insinuó que
alguien estaba interesado en desinflar su candidatura, y la candidatura de Lourdes Flores –de Unidad Nacional-,
“porque todos los votos que perderemos irán al candidato que se me opone”. De esta manera, sin nombrarlo,
Alan García aludía directamente al candidato presidencial por ahora favorito, Alejandro Toledo, líder
del partido Perú Posible. En total son diez los candidatos que disputarán la Presidencia en abril.
A García, Toledo y Flores, deben añadirse Fernando Olivera, del Frente Independiente Moralizador
(FIM); Jorge Santistevan, de Somos Perú-Causa Democrática; Luis Castañera, de Solidaridad
Nacional; Carlos Boloña, de Solución Popular, Marco Antonio Arrunátegui, de Proyecto País;
Ciro Gálvez, de Renacimiento Andino, y Ricardo Noriega, de Todos por la Victoria.
A pesar de que el Gobierno provisional está recibiendo los elogios de la comunidad internacional y que es
el primero que ha pedido que la OEA y países europeos envíen observadores para garantizar la transparencia
de los comicios, la sombra de Montesinos y Fujimori sigue planeando sobre la escena política peruana.
El 28 de enero pasado, el presidente provisional, Valentín Paniagua, dirigía un mensaje a la Nación
por radio y televisión, para denunciar una “conspiración para desestabilizar el Gobierno”. Paniagua
se decidió a dar ese paso después de que el programa Tiempo Nuevo del canal 4 de la televisión
local, emitiera una entrevista a un presunto guardaespaldas de Montesinos, en la que ese individuo aseguraba que
el actual presidente tuvo vínculos comerciales e incluso familiares con Luis Venero, un testaferro del ex
asesor de Fujimori. El entrevistado llegó a decir que Paniagua había recibido dinero de Montesinos
para financiar su campaña electoral al Congreso.
Paniagua desmintió tajantemente las acusaciones. Ese mismo individuo, aseguró por televisión
que el actual ministro del interior, Antonio Ketín Vidal, trabajó con Montesinos en el otrora poderoso
Servicio de Inteligencia Nacional.
Luis Venero, de 47 años, fue detenido el 26 de enero en Miami por el FBI, después de que la justicia
peruana emitiera una orden internacional de arresto. En el momento de su detención, Venero, que vivía
en Estados Unidos desde 1998, intentaba retirar de un banco de Miami, 3,7 millones de dólares, parte de
un depósito a su nombre que podría llegar hasta a los 15 millones de dólares.
La tarea de visionado de los vídeos de Montesinos por parte de los jueces, sigue en tanto, lentamente, de
forma paralela a la campaña electoral, y provoca día a día nuevas detenciones. El alcalde
de la ciudad limeña de Miraflores, Luis Bedoya, y el ex ministro de la Presidencia, Tomás Gonzales,
fueron detenidos a fines de enero en Lima, tras aparecer en uno de los vídeos, Bedoya recibiendo dinero
de manos de Montesinos y Gonzales, el que arregló el encuentro, presenciando la operación. Otros
tres congresistas, cuatro jueces del Supremo y el más importante banquero peruano, aparecen recibiendo dinero
o instrucciones de Montesinos, en los vídeos visionados hasta el momento.
La sorpresa para los investigadores ha sido descubrir que uno de los congresistas que aparecen en un vídeo
recibiendo dinero, Ernestro Gamarra, tenía fama de gran luchador contra la corrupción del régimen.
Gamarra había acusado de tráfico de armas al empresario Enrique Benavides, un proveedor del Ejército,
aunque ahora se descubre que sus críticas fueron coordinadas con el propio Montesinos, para favorecer a
otros proveedores ligados a él, como Jorge Withembury y el norteamericano James Stone. Una congresista,
Elsa Vega, denunció en enero pasado que al menos 38 parlamentarios que en apariencia eran opositores de
Fujimori y Montesinos, aparecen en vídeos comprometedores.
El Jurado Nacional Electoral, la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y varios
medios de prensa, han pedido recientemente que los investigadores divulguen de inmediato los vídeos en que
aparecen personajes políticos y cargos públicos, de manera de estar seguros que el proceso electoral
se está haciendo con transparencia. Pero la tarea es muy lenta, a fines de febrero sólo se habían
podido controlar menos del diez por ciento de los vídeos de Montesinos.
Mientras Perú vuelve a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
que se retiró por decisión de Fujimori en 1999 y el pleno de la Corte Suprema de Justicia peruana
mantiene una reunión con el juez español Baltasar Garzón a fin de pedirle consejos para desmontrar
el complejo entramado de corrupción montado por el ex presidente fugado y su asesor, la paranoia provocada
por la videoteca de Montesinos está omnipresente.
Los peruanos pretenden deshacerse de una vez por todas de las lacras acumuladas durante los diez largos años
del trinomio Fujimori-Montesinos-Fuerzas Armadas y consolidarse como un país realmente democrático
y con eficaces resortes de control de sus representantes, pero hasta que no se visione el último vídeo
la inseguridad persistirá. En cualquier entrevista a un político, empresario, o cargo público
peruano, sea hecha en el propio país o en el extranjero, sigue presente una pregunta clave: “¿Puede
usted asegurarnos que no lo veremos en alguno de los comprometedores vídeos de Montesinos?”.
Roberto Montoya es jefe de la sección Internacional de El Mundo, coautor junto a Daniel
Pereyra de “El caso Pinochet y la impunidad en América Latina”, Edit. Pandemia, La Rioja, Argentina, 2000.
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Tempo Exterior nº 2 segunda época - xaneiro/xuño
2001
