Ler o artigo en galegoTempo Exterior nº 2 segunda época - xaneiro/xuño 2001Volver ó sumario
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El fin de la era Fujimori


Roberto Montoya
 

Diez años después de llegar al poder a través de unas elecciones democráticas, el fenómeno Fujimori, que tantos elogios se ganó en su momento de parte de los Chicago´s boys , gobiernos occidentales y organismos internacionales, ha terminado por estallar y desintegrarse en pedazos. Después de años de Gobierno autoritario, o dictadura blanda, Perú se prepara para unos nuevos comicios, intentando dejar atrás la siniestra era Fujimori-Montesinos.

Alberto Fujimori, el hombre que en el plazo de .pocos meses logró poner en pie la plataforma electoral Cambio 90, habría de derrotar en la segunda vuelta en 1990 al histórico APRA, y al ultraliberal escritor Mario Vargas Llosa, candidato del Frente Democrático (Fredemo). Fujimori pasó de ser el hombre mimado por Washington y las multinacionales, elogiado hasta último momento por el zar antidrogas norteamericano, Barry McCaffrey, a convertirse en un prófugo de la Justicia, destituido por el Congreso de su país, autoexilado en Japón, defenestrado por todo el mundo.

Aún aquéllos que lo consideraron durante años como un mal menor para Perú, terminarían comprendiendo que Fujimori fue en realidad un mal mayor, una antítesis de lo que prometió ser ante los 25 millones de peruanos, hartos de años de corrupción, de agudización extrema de las diferencias sociales, de violación sistemática de los derechos humanos.

El Chino Fujimori se presentó en 1990 con un discurso populista ante una población profundamente desconfiada de los políticos, reivindicando ser un Míster Limpio, un moderno y eficaz hombre de empresa que acabaría con una forma corrupta y caduca de hacer política, con la hiperinflación y con el terrorismo. Diez años después, los miles de peruanos que antes acudían entusiasmados y esperanzados a sus mítines, salieron airados a las calles de Lima y otras ciudades de Perú para manifestarse contra él y reclamar su encarcelamiento.


El “Fujishock”

Fujimori logró provocar un gran impacto en Perú y en el exterior, al dejar atrás el estado caótico en que dejó el país el Gobierno de Alan García, con sonados casos de corrupción y una hiperinflación del 7.650% anual. El FMI había suspendido todas las líneas de crédito con Perú, cuando Alan García anunció que limitaría el pago de la deuda externa al 10% de lo obtenido por su país en concepto de exportaciones. El PIB llegó a caer un 20%.En poco tiempo Fujimori logró que la inflación bajara a dos dígitos, gracias a un paquete de medidas económicas extremas exigidas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que concitaron los aplausos en medios financieros internacionales, aunque en Perú, el llamado “Fujishock” agudizó aún más las extremas diferencias sociales existentes, al ensañarse fundamentalmente con la mayoría más desprotegida de la población.

Para poder imponer sin resistencia su plan económico y su particular visión del poder, cada vez más autoritaria -justificándose en la necesidad de acabar con una década de terrorismo- Fujimori terminó recurriendo a un autogolpe sólo dos años después de estar en el poder. El 45% del territorio peruano estaba incluido en las llamadas zonas de emergencia, donde las Fuerzas Armadas eran dueños y señores y donde a las matanzas llevadas a cabo por Sendero Luminoso, se sumaban las realizadas por el propio Ejército contra los sectores indígenas que no colaboraban activamente en la lucha contra la guerrilla. Fujimori había prometido acabar con el terrorismo, objetivo en el que habían fracasado los dos gobiernos anteriores, el de Belaúnde Terry y el de García. La violencia política ya se había cobrado más de 15.000 víctimas.

El flamante presidente recurrió a un hombre de oscuro pasado para reforzar aún más el poder de las Fuerzas Armadas: Vladimiro Montesinos. “Cuidado con este asesor”, había titulado en portada la revista Caretas el 10 de junio de 1991, para referirse a Montesinos. El asesor de seguridad de Fujimori, que se convertiría en el jefe en la sombra del poderoso Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), era un capitán de artillería expulsado en 1976 del Ejército por traición a la patria . Un tribunal militar peruano lo juzgó en ese momento por haber vendido a la CIA documentos secretos de las Fuerzas Armadas.

El escándalo fue descubierto por el general Miguel de la Flor Valle, cuando encontró a Montesinos en una cita del instituto Interamericano de Defensa, representando falsamente a Perú.

En 1978 Vladimiro Montesinos salió de la prisión pero sólo un año más tarde se vio involucrado en otro escándalo. El doctor Montesinos [se asegura que su título de abogado egresado de la Universidad de San Marcos es falso, que sólo ha pasado por ella unos meses] había salido de garante para el alquiler de dos locales que fueron utilizados por el narcotraficante Jaime Tamayo Tamayo, en los que funcionaron laboratorios de procesamiento de la pasta básica de cocaína que posteriormente fueron intervenidos por la policía. La relación de Montesinos con el narcotráfico peruano y colombiano se estrecharía años más tarde, tras convertirse en el Rasputín del Gobierno de Fujimori.

En 1983 Montesinos fue juzgado nuevamente por una corte marcial, acusado también de traición, tras publicar un diario clandestino en el que se fomentaba un golpe militar, pero fue finalmente declarado inocente.

A pesar de haber sido dado de baja en el Ejército años antes, gracias a sus vinculaciones con oficiales del arma obtuvo y vendió en 1984 a la Comandancia General del Ejército de Ecuador, listados completos del material militar que Perú había comprado a la Unión Soviética, así como otra valiosa información secreta. Cuando tiempo después, ya durante el primer periodo del Gobierno Fujimori, la prensa divulgó el pasado de su principal asesor, el presidente salió inmediatamente en su defensa. Ante las acusaciones de que había sido un hombre que trabajaba para la CIA, Fujimori llegó a decir que una persona que trabajaba para una agencia tan importante no podía haber hecho nada ilegal, y en cuanto a las denuncias sobre su relación con el narcotráfico, el presidente volvió a sorprender a la opinión pública, cuando sostuvo que Montesinos había tenido esas vinculaciones con el único objetivo de conocer sus métodos de actuación y poder luego saber cómo enfrentarlos.

El nombre de Montesinos vuelve a los titulares de la prensa durante la campaña electoral de 1990, cuando salió en defensa de Fujimori, entonces candidato presidencial, quien había sido acusado de fraude en transaciones de bienes raíces. Las pruebas de la acusación desaparecieron misteriosamente y el caso terminó esfumándose tras el triunfo en las elecciones.


El autogolpe de 1992

El autogolpe que llevan a cabo Fujimori y Montesinos en 1992 y que habría de permitirles acabar con todas las instituciones del Estado para gobernar sin obstáculos de ningún tipo, y con poderes absolutos, fue la concreción de un muy estudiado plan iniciado desde el mismo momento de ganar las elecciones. Cambio 90 no contaba con mayoría en el Parlamento y Fujimori, junto a Montesinos, su mano derecha, y un grupo de fieles, aprovecharon el descrédito que tenían los partidos tradicionales para lanzar una campaña contra ellos, acusándolos públicamente de obstruir su proyecto reformista. Ese mensaje lograría calar hondo en la población. Paralelamente, Fujimori comenzó su ataque contra la Magistratura, preocupado por la resistencia que podría encontrar de parte de una Corte Suprema integrada por una mayoría de jueces nombrados por la Presidencia anterior. Las campañas contra el Parlamento y la Justicia, a la que se fueron sumando los ataques a otras instituciones públicos y a los medios de comunicación críticos, fueron preparando el terreno para el golpe. A pesar de haber logrado reducir drásticamente la inflación, la economía vivía un momento de recesión y las críticas comenzaban a crecer, pero, tal vez el elemento que puso día y hora para el golpe fujimorista fue finalmente una sopresiva denuncia hecha contra el presidente por su propia esposa, Susana Higuchi.

La crisis que vivía la pareja presidencial era un secreto a voces, pero fue tras la vuelta de Alberto Fujimori de un viaje a Japón en el que no había participado su esposa, cuando ella decidió denunciar públicamente por corrupción a dos hermanos del presidente, Rosa y Santiago Fujimori –ambos enquistados en el círculo íntimo del poder- y a la esposa de éste último. Ese 24 de marzo de 1992, Susana Higuchi denunció que esos familiares de su esposo habían revendido para beneficio personal toneladas de ropa usada donadas por Japón. El Parlamento, mayoritariamente en manos de la oposición, decidió formar una comisión investigadora de los hechos denunciados, fijando como fecha de su constitución el 7 de abril. Sin embargo, dicha comisión nunca llegaría a constituirse porque, dos días antes del día fijado, el presidente protagonizó su autogolpe.

En 1990 había terminado la larga dictadura de Augusto Pinochet en Chile y ya la fórmula de dictaduras militares estaba en desuso en América Latina y mal vistas en el mundo entero. La caída del Muro de Berlín en 1989 y el efecto dominó que ésta produjo en la mayoría de los regímenes de Europa del Este, ya había cerrado por fin el capítulo de la Guerra Fría. Sin embargo, al preservar algunos aspectos puramente formales de un régimen democrático, Fujimori logró imponer un Gobierno autoritario -o tal vez hubiera que calificarlo de dictadura blanda- sin que esto le valiera más que algunas reprimendas menores de la comunidad internacional, sin consecuencias comerciales ni diplomáticas significativas. Con su autogolpe del 5 de abril de 1992, sustentado fundamentalmente en el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas, Alberto Fujimori disolvió el Parlamento, intervino el Poder Judicial y todas las instituciones del Estado, restringió drásticamente las libertades democráticas, los derechos sindicales, coaccionó a los medios de comunicación y hostigó a los opositores, instaurando un régimen con fachada civil pero con nítidos rasgos dictatoriales.

Alberto Fujimori y su Consejo de Ministros gobernaron el país mediante decretos, introduciendo un conjunto de leyes antiterroristas que vulneraron los más elementales derechos de los ciudadanos; los civiles pasaron a ser juzgados por el fuero militar; aparecieron los tribunales sin rostro (jueces encapuchados), se generalizó aún más el uso de la tortura contra los detenidos. Pocos meses después del golpe, Fujimori dotó al Servicio de Inteligencia Nacional de super poderes [medida a la que se había opuesto hasta ese momento el Congreso], y esa institución pasó a centralizar todos los organismos de inteligencia y contrainteligencia existentes, tanto de los ministerios del Interior, de Defensa, Asuntos Exteriores, de las Fuerzas Armadas, como de los gobiernos regionales y locales.

El SIN, cuyo comandante, a nivel formal, era el almirante Julio César Monroe –y luego el almirante Humberto Rozas-, pero que controlaba en realidad con mano férrea el asesor Montesinos, dependía, según sus estatutos, directamente del presidente de la República y llegó a contar con 70.000 hombres y 600 millones de dólares de presupuesto.

Ya antes de que se produjera el autogolpe, se habían comenzado a producir una serie de asesinatos no reivindicados, como el de noviembre de 1991 en la zona de Barrios Altos, de Lima, en el que fueron acribilladas por desconocidos quince personas, entre ellas un niño de 8 años. Más tarde habría de confirmarse que ese atentado formaba parte de las acciones del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte controlado por Montesinos que tras el golpe golpearía sin cesar contra todo tipo de opositores del régimen. El 18 de julio de 1992 fueron 9 estudiantes y 1 profesor de la Universidad de La Cantuta los secuestrados y desaparecidos por obra del Grupo Colina, hecho que fue denunciado incluso en mayo de 1993 por un militar disidente, el general Rodolfo Robles. Robles terminó refugiándose en la embajada de Estados Unidos ante las amenazas de muerte recibidas, y posteriormente pidió asilo político junto con su familia en Argentina.

Sería sólo el comienzo de una larga cadena de crímenes y violaciones de los derechos humanos, que habrían de quedar cubiertos bajo la amnistía decretada por Fujimori en 1995. La decisión de decretar una amnistía se adelantó al conocerse la intención de un juez civil de hacer declarar a Montesinos y al jefe del Ejército peruano, general Nicolás de Bari Hermoza, en el caso de la matanza de Barrios Altos.

En 1995 se legalizó la impunidad para las violaciones de los derechos humanos cometidos entre 1980 y 1995 por miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y civiles integrantes de escuadrones de la muerte, con lo que Fujimori calmaba la preocupación de sus fieles fuerzas de seguridad. En el 2000, tras triunfar en las nuevas elecciones presidenciales a través del fraude, Fujimori comenzó a diseñar una ampliación de esa amnistía a aquellos delitos cometidos hasta en el propio 2000, proponiendo que ésta fuera aplicada no sólo para los excesos cometidos durante la lucha contra la subversión, sino también para los registrados en la lucha contra el narcotráfico. Dicha ampliación fue presentada incluso el 22 de octubre pasado por el propio ministro de Justicia de Fujimori, Alberto Bustamante, como una condición para aceptar celebrar elecciones anticipadas en abril del 2001. Bustamante aclaró en ese momento que paralelamente al referéndum en el que se votase la enmienda constitucional para recortar el mandato de Fujimori y del Congreso y convocar nuevas elecciones, debía celebrarse otro para ampliar la amnistía de 1996.

De esta manera se pretendía cubrir de una manera burda la complicidad que el régimen, y Montesinos y varios altos cargos militares en particular, mantuvieron durante años con los narcotraficantes peruanos y colombianos, y que cada vez denunciaba con más fuerza la DEA (agencia contra las drogas norteamericana), enfrentada a la CIA, que había protegido al asesor de seguridad. A fines del 2000 Amnistía Internacional seguía recordando que el respeto de los derechos humanos, y la independencia de la Justicia estaban aún muy lejos de ser restablecidos en Perú.

La captura del líder histórico de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en septiembre de 1992, y la firma de la paz con Ecuador a través de la Declaración de Paz de Itamaray, el 17 de febrero de 1995, tras cinco semanas de enfrentamiento bélico, fueron logros que supo explotar Fujimori para justificar la dureza de su régimen y para pedir el voto de los ciudadanos. El 9 de abril de ese año Fujimori fue reelegido por el 64,4% de los votos, frente al 21% de su rival, el ex secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Pese a que distintos sectores denunciaron la existencia de fraude, la Organización de los Estados Americanos (OEA), que había enviado observadores, terminó por dar por buenos los resultados. Agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), dependiente del SIN, participaron en numerosas mesas electorales y los militares votaron a pesar de que lo prohíbe expresamente la Constitución peruana, pero, aún así, las elecciones fueron reconocidas como válidas.

Al conseguir la legitimación de su régimen, Fujimori consiguió que la comunidad internacional volviera a reconocerlo como un presidente legítimo, y las escasas sanciones que algunos países habían adoptado contra Perú tras el autogolpe de 1992, fueron rápidamente levantadas, a pesar de que las características absolutistas esenciales de su régimen siguieron en pie. El 22 de agosto de 1996, el Congreso peruano [ya con mayoría absoluta de los partidarios de Fujimori] rechazaba una propuesta de la oposición para constituir una comisión que investigara a Montesinos y también un pedido para que el primer ministro, Alberto Pandolfi, y el ministro de Defensa, general Juan Castillo Meza, clarificaran cuál era la función de Montesinos.en el Servicio de Inteligencia Nacional, en tanto que asesor.

En 1996 Fujimori consigue contar con el apoyo de algunas formaciones políticas para que el Congreso apruebe una ley de interpretación auténtica de la Constitución que le posibilitó presentarse a un tercer mandato presidencial consecutivo, posibilidad no contemplada en la Carta Magna. Los tres jueces miembros del Tribunal Constitucional que osaron oponerse a tal medida por considerarla ilegal, fueron destituidos fulminantemente por Fujimori.

Un año más tarde, en abril de 1997, el canal de televisión privado Frecuencia Latina, se atrevió a difundir una denuncia hecha por la ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, Leonor La Rosa, de que había sido torturada por varios de sus compañeros . La Rosa, que durante años había realizado acciones de espionaje para el SIE, decidió en un momento filtrar al diario La República, junto a su compañera Mariela Barreto, valiosa información interna de ese organismo, que permitió desvelar que éste era el responsable de numerosos atentados contra periodistas y políticos opositores del régimen. Montesinos ordenó inmediatamente la búsqueda y captura de las traidoras.

Poco después el cuerpo de Mariela Barreto aparecía descuartizado en un bosque cercano a Lima. Luego le llegaría el turno a Leonor La Rosa, a quien tras secuestrarla, abandonaron dándola por muerte, después de someterla a brutales torturas. Pero la ex agente sobrevivió, y aún desde el hospital, amplió con lujo de detalles la información que había facilitado a la prensa sobre cómo funcionaba el SIE.

La Rosa habló del fraude electoral de 1995, mostró su cartilla electoral en la que aparecía registrada su votación, aunque la ley lo impide a los miembros de las fuerzas de seguridad; denunció las escuchas telefónicas masivas realizadas contra todos los opositores o sospechosos de serlo. Ante la publicidad que alcanzó éste hecho, cuatro de sus torturadores fueron condenados, pero aún así siguieron manteniendo sus grados y empleos. Otros quedaron en libertad, como Ricardo Anderson, uno de los agentes que la violó en repetidas ocasiones, según ella reconocería más tarde. A pesar de ser detenido en marzo del 2000 en Estados Unidos, el Gobierno de Fujimori consiguió la liberación de Anderson, extendiéndole un pasaporte diplomático.

Leonor La Rosa, que actualmente tiene 34 años y que sufre una importante minusvalía física tras las graves lesiones sufridas en la tortura, pudo refugiarse en Suecia, convirtiéndose desde entonces y hasta la fecha en un implacable dedo acusador del trinomio Fujimori-Montesinos-Fuerzas Armadas. Otra de sus ex compañeras del SIE. Luisa Zanatta, decidió también acusar públicamente en marzo de 1998 a Montesinos por ordenar el asesinato de Mariella Barreto. Días antes de ser torturada, asesinada y descuartizada por sus ex camaradas de arma, Mariela Barreto había confiado a Luisa Zanatta que ella formaba parte del temible Grupo Colina, responsable de numerosos atentados. Barreto llegó a revelar a La República el lugar exacto donde se encontraban los cuerpos de las víctimas de la masacre de La Cantuta.


Las elecciones del 2000

La ex agente La Rosa, que logró mantener contactos dentro del SIE, viajó a fines de mayo del 2000 a Lima, tras conseguir la protección de un pasaporte extendido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para denunciar no sólo la persecución de la que era objeto su familia en Perú, sino también para denunciar el fraude electoral que se avecinaba. El fraude de las elecciones celebradas en abril del 2000 fue un fraude largamente anunciado.

A fines de marzo, el periódico La República publicaba un documento firmado por ocho supuestos altos oficiales de las Fuerzas Armadas, y de la policía autollamados “institucionalistas” y que firmaban con seudónimos, denunciaron que el gobierno preparaba un gran fraude para las elecciones que tendrían lugar pocos días más tarde. En el comunicado se aseguraba que Montesinos en persona centralizaba la campaña de rumores y acusaciones falsas a los candidatos como las acciones fraudulentas, para lo que había celebrado ya reuniones clandestinas con numerosos mandos militares, a fin de coordinar una serie de tareas informáticas, anulación de votos, etc. tendientes a favorecer el triunfo de Fujimori.

En el comunicado se ponía nombre y apellido a quienes participaban del operativo preparado por Montesinos: los comandantes en jefe del Ejército, general José Villanueva, de la Marina de Guerra, almirante Antonio Ibárcea y de la Fuerza Aérea, general Elesbán Bello, el subjefe del Servicio de Ingeniería del Ejército, general Rubén Wong, y otros altos cargos, comandantes de las principales regiones militares del país.

La celebración de las elecciones presidenciales confirmaron rápidamente el fraude organizado por Fujimori y Montesinos. El principal rival de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, respaldándose en los testimonios de los propios observadores enviados por la OEA y por el Gobierno de Estados Unidos, denunció el fraude registrado en la primera vuelta de los comicios [en los el Jurado Nacional Electoral atribuyó el 49,8% de los votos a Fujimori y el 40,3% a Alejandro Toledo] y anunció en multitudinarios mítines callejeros, su decisión de boicotear la segunda vuelta, no presentándose a ella. Teniendo bajo su control a la comisión electoral, la Magistratura y la mayoría de los medios de comunicación, Fujimori hizo caso omiso de las críticas internacionales provocadas por las graves irregularidades de las elecciones y, al no presentarse Toledo a la segunda vuelta, acudió a las urnas sin rival, reivindicando a posteriori su abrumador triunfo.

Poco antes de producirse la segunda vuelta, un conocido periodista peruano fue secuestrado y torturado por hombres del SIN al intentar difundir pruebas sobre la operación fraudulenta de las elecciones organizada desde el Gobierno. Fabián Salazar Olivares, un hombre que había sido director general de protocolo del Congreso y presidente del directorio de Radio Televisión, trabajaba como asesor de Baruch Ivcher –el empresario israelí al que Fujimori despojó de su canal de televisión, Canal 2, por las críticas vertidas contra el régimen, después de haber sido un apoyo de éste- en el momento en que fue secuestrado. Era el comienzo del escándalo de los vídeos, que posteriormente jugaría un papel decisivo en el derrumbamiento del poder de Montesinos y Fujimori. Salazar Olivares había recibido a través de confindentes, cinco cintas de vídeo, disquetes informáticos y manuscritos de Montesinos, altamente comprometedores. En alguno de los vídeos se veía a directivos de empresas que realizaban encuestas de opinión pública sobre las elecciones, a varios periodistas y políticos, reunidos con Montesinos, organizando las distintas facetas del fraude. En otro vídeo se veía a dos miembros del Jurado Nacional de Elecciones, su presidente, Alipio Montes de Oca, y Rómulo Muñoz, en el momento que entraban a la sede del SIN para recibir instrucciones. El SIN logró interferir llamadas telefónicas de Salazar realizadas desde su oficina. Poco después un comando asaltaba su despacho, le robaban documentos comprometedores y le torturaban. La llegada de compañeros de trabajo en el momento que los asaltantes comenzaban a aserrarle la muñeca izquierda, provocando la fuga de éstos.

Los observadores de la OEA habían decidido no estar presentes en la segunda vuelta, al considerar que no había garantías de transparencia y que no querían legitimar el fraude. El Gobierno de Bill Clinton advirtió también a Fujimori, antes de celebrarse las elecciones, de los riesgos que corría de persistir en su empeño de hacerse elegir a cualquier precio para un tercer mandato.

Alejandro Toledo había reclamado la postergación de la segunda vuelta de las elecciones hasta tanto se garantizara la transparencia del escrutinio. Fujimori desoyó todas las críticas y presiones y mantuvo la fecha prevista. El 28 de mayo se autoarrogó la victoria por más un 75% de los votos. Meses después, cuando ya Fujimori estaba autoexilado en Japón, el nuevo titular de Economía del Gobierno de transición, Javier Silva Ruete, confirmaba que el fugado había gastado en su campaña electoral buena parte del billón de pesetas ingresado en las arcas del Estado por la privatización de empresas públicas. El 28 de julio Fujimori tomó posesión de su cargo, jurando ante el Congreso, e iniciando su tercer mandato presidencial consecutivo. El Gobierno de José María Aznar [España es el tercer socio comercial de Perú] fue criticado en aquel momento por haber enviado a la toma de posesión al vicepresidente primero, Mariano Rajoy, mientras que los restantes países europeos se habían hecho representar sólo a través de sus respectivos embajadores acreditados en Lima, como muestra de su postura crítica hacia el proceso electoral.

Por segunda vez [la primera fue en 1991 contra el régimen militar haitiano surgido tras el derrocamiento del presidente Aristide] en muchos años en América Latina, una organización como la OEA que se tapó los ojos ante tantas dictaduras militares que asolaron el continente en los años 70 y 80, parecía dispuesta a aplicar contra Perú las sanciones contempladas en su Resolución 1080. Igualmente, Estados Unidos, un país que había estado detrás de la gran mayoría de los sangrientos golpes de Estado producidos en el continente, amenazaba con tomar represalias contra el Gobierno de Lima. Finalmente las sanciones no se produjeron.

En la reunión del Consejo Permanente de la OEA que discutió el problema de Perú a fines de mayo, sólo Costa Rica se mostró partidaria de recurrir a las sanciones contra el régimen de Fujimori. Estados Unidos, principal socio comercial de Perú, pareció sentirse aliviado por la postura de la OEA y anunció que no adoptaría medidas unilaterales en contra de la decisión adoptada por los restantes miembros de esa organización.


El escándalo de los vídeos

El nuevo mandato presidencial de Fujimori habría de tener muy corta vida. Un elemento inesperado irrumpió en escena, arruinando el proyecto de Fujimori y Montesinos para perpetuarse en el poder. El 14 de septiembre del 2000, los congresistas Fernando Olivera y Luis Iberico, del Frente Independiente Moralizador –al que pertenece la esposa de Fujimori, Susana Higuchi- presentaron ante la opinión pública un vídeo donde aparece Vladimiro Montesinos entregando 15.000 dólares al congresista Alberto Kouri, a cambio de su pase a las filas del gubernamental Perú 2000.

La grabación, hecha por el propio equipo de Montesinos para poder chantajear a los filmados en el caso de no cumplir sus compromisos, se le convirtieron en un boomerang una vez que llegaron a manos de la oposición. La oposición anuncia su ruptura de diálogo con el Gobierno y el día 16 Alberto Fujimori sorprende a todos con un mensaje a la Nación, en el que asegura que desactivaría inmediatamente el SIN y que convocará elecciones anticipadas para abril del 2001. El 2 de noviembre el Congreso ratificó por 109 votos a favor, 5 abstenciones y 2 en contra, la enmienda constitucional que autorizó recortar el mandato presidencial de cinco años a uno.

A pesar de que los roces entre Fujimori yMontesinos habían aumentando en los meses previos al escándalo del vídeo y el presidente peruano parecía preocupado ante el poder cada vez más importante acumulado por su asesor, el Chino se apresura a negociar en el extranjero el exilio de éste. Los hechos comienzan a sucederse a partir de ese momento, con una velocidad vertiginosa. Montesinos y una docena de oficiales del Ejército gestionan el asilo político en Panamá, pero éste país rechaza concederle visado a al menos siete de ellos, obligándolos a abandonar el país en el plazo de 24 horas.

El Gobierno panameño es notificado por otro lado por su homólogo suizo, de que Montesinos está siendo investigado por las suculentas cuentas bancarias que tiene en ese país, de alrededor de 50 millones de dólares –otras más son descubiertas en varios paraísos fiscales-, y decide no renovarle su permiso de estadía. EEUU y la OEA presionan también en ese sentido, ningún país latinoamericano está dispuesto a conceder asilo a Montesinos, y la propia Justicia panameña lo investiga por sus relaciones con un poderoso narcotraficante de ese país, Boris Foguel Suengas. Montesinos se ve obligado a volver a Perú, en un viaje rocambolesco.

El polémico asesor de Fujimori da a conocer desde algún lugar no especificado de Perú, que ha vuelto tras descubrir que había un plan de Sendero Luminoso y el MRTA para asesinarlo. Algunas versiones aseguraron en ese momento que Montesinos quiso hacer valer su ascendiente dentro de las Fuerzas Armadas para encabezar un golpe contra Fujimori y tomar el control del poder. Montesinos puso en aprietos a Fujimori cuando en unas declaraciones realizadas a una emisora, dijo que fue él quien logró disuadir al presidente de que no fusilara al líder histórico de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, tras su detención.

A pesar de que Fujimori coordinó con Montesinos su vuelta a Perú, la revelación sobre las cuentas bancarias de éste en el exterior y las presiones para que el presidente detuviera y entregara a la Justicia a su ex colaborador, decidieron al Chino a pensar en su propia supervivencia. Vladimiro Montesinos se convirtió de un día para otro en chivo expiatorio de todo el sistema de corrupción existente y de la violación sistemática de los derechos humanos durante toda una década.

Fujimori llegó a encabezar una parodia de persecución de su ex asesor por todo el país, poniendo al frente de absurdas operaciones de rastrillaje, con despliegue de tropas, vehículos y helicópteros. La Justicia peruana terminó por ordenar la captura del ex asesor presidencial bajo los cargos de enriquecimiento ilegal, corrupción de funcionarios, lavado de dinero del narcotráfico, extorsión, tortura y asesinatos. En los registros de sus viviendas se descubrió, bajo un camuflaje sofisticado digno de James Bond, otra serie de comprometedores vídeos, joyas, dinero en efectivo y hasta seis calabozos construidos en uno de sus zulos.

Fujimori se ocupó de descargar la responsabilidad de todos los males de su régimen en el hombre que fue su mano derecha durante 10 años. “No hay duda de que Fujimori se equivocó con Montesinos”, sostenía el ministro de Exteriores peruano, Fernando de Trazegnies, durante su visita a Madrid en esos días, en un intento por exculpar al presidente.

Montesinos fue presentado por el entorno de Fujimori como el traidor que defraudó la confianza depositada en él por el presidente. Fujimori comienza una purga de los oficiales del Ejército más cercanos a Montesinos e intenta distanciarse totalmente de él, pero el cúmulo de pruebas de corrupción que empiezan a salir a la luz a través de los más de 2.400 vídeos del hombre fuerte del SIN, amenazan con englutir al propio presidente.


La fuga de Fujimori

Al cerrarse más y más el cerco sobre Fujimori, éste optó por huir del país, justificando su partida como un viaje oficial a países asiáticos, anunciando finalmente desde Japón su renuncia a la Presidencia. Fujimori se ha negado a volver a Lima aduciendo ser víctima de una persecución política, lo que terminó por hacer estallar la crisis y obligó al nombramiento de un Gobierno provisional presidido por el moderado Valentín Paniagua Corazao y con Alberto Pérez de Cuéllar de primer ministro.

El Congreso peruano rechazó la renuncia de Fujimori y decidió destituirlo tras su rocambolesca fuga a Japón en noviembre pasado, y la Fiscalía de Perú le corresponsabilizó posteriormente, en febrero, del gigantesco entramado mafioso montado durante años junto con su ex mano derecha, Vladimiro Montesinos. La comisión parlamentaria que investiga a Fujimori, presidida por el legislador David Waissman, lo ha acusado, al igual que a seis de sus ex ministros, de robo de caudales del erario público, concusión [cobro arbitrario por parte de un funcionario público] y enriquecimiento ilícito. La comisión sostiene que Fujimori fue cómplice de Montesinos en la amplia red de corrupción centralizada por éste. Waissman dijo que se han detectado cuentas de Montesinos que ascienden a 17.000 millones de pesetas, y que otras 39.000 millones de pesetas se encuentran en cuentas de testaferros directos o indirectos suyos.

Cerca de 350 personas, entre ellas militares, líderes políticos, parlamentarios, jueces, banqueros y empresarios, aparecen gravemente comprometidos en el colosal montaje de corrupción, gracias a los vídeos filmados por el propio Montesinos, que hoy día se han convertido en inapreciables pruebas para la Justicia. Más de cuarenta investigaciones se han abierto ya en distintos órganos de Justicia, con una veintena de personas sometidas a arresto domiciliario, decenas con prohibición de salir del país y otras tantas con orden de búsqueda y captura.

Entre los detenidos hay varios altos oficiales militares, como los generales Walter Chacón, José Villanueva Ruesta, Nicolás de Bari Hermoza, Fernando Dianderas (ex ministro del Interior), el coronel Roberto Huamán, o los máximos responsables de regiones militares claves, como Juan Yanqui y Luis Cubas. Al amparo de las leyes de excepción dictadas durante el Gobierno Fujimori para combatir a grupos armados como Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupác Amaru, las fuerzas de seguridad no sólo cometieron gravísimas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. También utilizaron éstas para disponer sin control de unos presupuestos cada vez más voluminosos.


Drogas y tráfico de armas

La guerra que libró el Ejército de Fujimori contra Sendero Luminoso, tuvo también como telón de fondo una lucha por el control proveniente del narcotráfico. Cuando los militares lograron desalojar a los guerrilleros de las principales zonas de producción de coca, el impuesto que éstos cobraban a los narcotraficantes para sacar la materia prima de la zona en avionetas pasó a ser controlado por los mandos del Ejército. Demetrio Chávez Peñaherrera, alias “Vaticano”, el más poderoso capo de la droga peruano de los últimos años, que fue detenido en Colombia en 1994 y entregado posteriormente a Perú. declaró en noviembre pasado bajo juramento las comisiones que debía pagar para cargar sin problemas toneladas de coca en sus avionetas en la zona de la Campilla, en la región amazónica del Alto Huallaga.

Foguel Suengas, jefe del cartel Los Camellos, de Panamá, había declarado en octubre pasado al periódico peruano La República, que Montesinos recibía 700 dólares por cada kilo de droga que salía de Perú. Roberto Escobar Gaviria, El Osito, hermano y cómplice del ex poderoso narcotraficante Pablo Escobar, y detenido desde hace años, aseguró que su hermano “dio un millón de dólares para la campaña de Fujimori”. “Recuerdo que un día que hablaron por teléfono, mi hermano Pablo estaba escondido en Aquinatia [...] Montesinos le habló de la campaña de Fujimori, que él iba a ser la mano derecha del presidente, y después le pasó a Fujimori, quien le dijo a Pablo que si llegaba a la Presidencia, con gusto le colaboraba en lo que estuviera a su alcance”.

El poder militar vivió una época de auge durante el reinado de diez años de Fujimori y el grado de impunidad con el que actuaron las Fuerzas Armadas para aplicar la política de tierra quemada en las zonas de actuación de las organizaciones guerrilleras, tuvo también su correlato en el plano económico. Al tiempo que el Ejército combatía frontalmente a la guerrilla y el Gobierno no cesaba de reivindicar el rol abnegado y patriótico de éstas, el propio Vladimiro Montesinos controlaba personalmente una importante operación triangular de tráfico de armas –50.000 fusiles de asalto AK-47- compradas en Jordania y cuyo destinatario final era, paradójicamente, la poderosa guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

No sería ésta la única operación de compra de armas en la que los altos mandos del Ejército peruano percibieran jugosas comisiones. Otro de los escándalos de este tipo que salió a la luz pública fue la compra de aviones de combate MIG 29 a Bielorrusia en 1996, destinados a la Fuerza Aérea peruana, y, dos años, más tarde, a Rusia. La guerra que libraban las tropas de Fujimori contra la guerrilla.


Alán García, salpicado por un vídeo

El estudio exhaustivo de la videoteca de Vladimiro Montesinos, ha llegado incluso a salpicar al ex presidente Alan García, quien una vez levantado por el nuevo Gobierno provisional los impedimentos para volver al país, se ha presentado como candidato a presidente por el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), ante las próximas elecciones del 8 de abril. Su ex ministro del Interior, Agustín Mantilla Campos, aparece en uno de los polémicos vídeos, grabado en marzo del 2000, recibiendo de manos de Montesinos 30.000 dólares. Mantilla habría pedido ese dinero a Montesinos supuestamente para financiar la campaña electoral del APRA ante los comicios que tuvieron lugar ese año, aunque se desconoce cuál fue el compromiso que asumió a cambio de esa ayuda.

“Siento este hecho como una puñalada en la espalda. No entiendo cómo una persona de la APRA puede pedir dinero a quien fue mi asesino político y moral durante nueve años”, aseguró Alan García al enterarse de los hechos. García se asiló en Colombia en junio de 1992, poco después del autogolpe de Fujimori y Montesinos, y tras lograr eludir un intento de detención en Lima por parte de las fuerzas de seguridad peruanas.

El régimen de Fujimori le acusó de delitos de enriquecimiento ilegal, cohecho y colusión, pero un tribunal de la Corte Suprema de Justicia de Perú dio en enero pasado por prescritos esos delitos, por lo que anuló las órdenes de detención y los procesos judiciales que García tenía pendientes.

El candidato del APRA aseguró que ni él ni su partido como institución hubieran tenido conocimiento de las componendas del jefe de la campaña electoral del APRA y Vladimiro Montesinos, e insinuó que alguien estaba interesado en desinflar su candidatura, y la candidatura de Lourdes Flores –de Unidad Nacional-, “porque todos los votos que perderemos irán al candidato que se me opone”. De esta manera, sin nombrarlo, Alan García aludía directamente al candidato presidencial por ahora favorito, Alejandro Toledo, líder del partido Perú Posible. En total son diez los candidatos que disputarán la Presidencia en abril.

A García, Toledo y Flores, deben añadirse Fernando Olivera, del Frente Independiente Moralizador (FIM); Jorge Santistevan, de Somos Perú-Causa Democrática; Luis Castañera, de Solidaridad Nacional; Carlos Boloña, de Solución Popular, Marco Antonio Arrunátegui, de Proyecto País; Ciro Gálvez, de Renacimiento Andino, y Ricardo Noriega, de Todos por la Victoria.

A pesar de que el Gobierno provisional está recibiendo los elogios de la comunidad internacional y que es el primero que ha pedido que la OEA y países europeos envíen observadores para garantizar la transparencia de los comicios, la sombra de Montesinos y Fujimori sigue planeando sobre la escena política peruana.

El 28 de enero pasado, el presidente provisional, Valentín Paniagua, dirigía un mensaje a la Nación por radio y televisión, para denunciar una “conspiración para desestabilizar el Gobierno”. Paniagua se decidió a dar ese paso después de que el programa Tiempo Nuevo del canal 4 de la televisión local, emitiera una entrevista a un presunto guardaespaldas de Montesinos, en la que ese individuo aseguraba que el actual presidente tuvo vínculos comerciales e incluso familiares con Luis Venero, un testaferro del ex asesor de Fujimori. El entrevistado llegó a decir que Paniagua había recibido dinero de Montesinos para financiar su campaña electoral al Congreso.

Paniagua desmintió tajantemente las acusaciones. Ese mismo individuo, aseguró por televisión que el actual ministro del interior, Antonio Ketín Vidal, trabajó con Montesinos en el otrora poderoso Servicio de Inteligencia Nacional.

Luis Venero, de 47 años, fue detenido el 26 de enero en Miami por el FBI, después de que la justicia peruana emitiera una orden internacional de arresto. En el momento de su detención, Venero, que vivía en Estados Unidos desde 1998, intentaba retirar de un banco de Miami, 3,7 millones de dólares, parte de un depósito a su nombre que podría llegar hasta a los 15 millones de dólares.

La tarea de visionado de los vídeos de Montesinos por parte de los jueces, sigue en tanto, lentamente, de forma paralela a la campaña electoral, y provoca día a día nuevas detenciones. El alcalde de la ciudad limeña de Miraflores, Luis Bedoya, y el ex ministro de la Presidencia, Tomás Gonzales, fueron detenidos a fines de enero en Lima, tras aparecer en uno de los vídeos, Bedoya recibiendo dinero de manos de Montesinos y Gonzales, el que arregló el encuentro, presenciando la operación. Otros tres congresistas, cuatro jueces del Supremo y el más importante banquero peruano, aparecen recibiendo dinero o instrucciones de Montesinos, en los vídeos visionados hasta el momento.

La sorpresa para los investigadores ha sido descubrir que uno de los congresistas que aparecen en un vídeo recibiendo dinero, Ernestro Gamarra, tenía fama de gran luchador contra la corrupción del régimen. Gamarra había acusado de tráfico de armas al empresario Enrique Benavides, un proveedor del Ejército, aunque ahora se descubre que sus críticas fueron coordinadas con el propio Montesinos, para favorecer a otros proveedores ligados a él, como Jorge Withembury y el norteamericano James Stone. Una congresista, Elsa Vega, denunció en enero pasado que al menos 38 parlamentarios que en apariencia eran opositores de Fujimori y Montesinos, aparecen en vídeos comprometedores.

El Jurado Nacional Electoral, la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y varios medios de prensa, han pedido recientemente que los investigadores divulguen de inmediato los vídeos en que aparecen personajes políticos y cargos públicos, de manera de estar seguros que el proceso electoral se está haciendo con transparencia. Pero la tarea es muy lenta, a fines de febrero sólo se habían podido controlar menos del diez por ciento de los vídeos de Montesinos.

Mientras Perú vuelve a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la que se retiró por decisión de Fujimori en 1999 y el pleno de la Corte Suprema de Justicia peruana mantiene una reunión con el juez español Baltasar Garzón a fin de pedirle consejos para desmontrar el complejo entramado de corrupción montado por el ex presidente fugado y su asesor, la paranoia provocada por la videoteca de Montesinos está omnipresente.

Los peruanos pretenden deshacerse de una vez por todas de las lacras acumuladas durante los diez largos años del trinomio Fujimori-Montesinos-Fuerzas Armadas y consolidarse como un país realmente democrático y con eficaces resortes de control de sus representantes, pero hasta que no se visione el último vídeo la inseguridad persistirá. En cualquier entrevista a un político, empresario, o cargo público peruano, sea hecha en el propio país o en el extranjero, sigue presente una pregunta clave: “¿Puede usted asegurarnos que no lo veremos en alguno de los comprometedores vídeos de Montesinos?”.

Roberto Montoya es jefe de la sección Internacional de El Mundo, coautor junto a Daniel Pereyra de “El caso Pinochet y la impunidad en América Latina”, Edit. Pandemia, La Rioja, Argentina, 2000.

 
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ÚLTIMA REVISIÓN: 17/04/2001